A 10.231.300 euros se eleva la cantidad que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha requerido a la aseguradora Caser que aporte para hacer frente a las fianzas impuestas a todos los acusados en el proceso abierto contra el expresidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, y contra el exdirector general de la caja Roberto López Abad por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Una causa en la que también están acusados como partícipes a título lucrativo los 18 miembros del órgano que presidía Avilés a quienes el instructor reclama, en concepto de depósito, lo mismo que percibieron por pertenecer a una comisión de control que, a juzgar por los resultados y según califican las acusaciones, era más bien de «descontrol». Con ello el juez busca garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran fijarse en caso de una sentencia condenatoria.
Aunque inicialmente Gómez Bermúdez pretendía que los acusados abonaran las fianzas de su bolsillo, los recursos presentados por dos de ellos (la exsecretaria de Economía de la ejecutiva del PSPV en el Alicante Remedios Ramón y el exgerente de Economía de la Diputación Juan Espinar), quienes planteaban que fuera la aseguradora con la que la CAM tenía contratada una póliza de responsabilidad civil la que asumiera el desembolso, llevó al instructor a reconsiderar su postura. Un criterio contra el que recurrió el fiscal y al que le acabó quitando la razón un tribunal de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dio luz verde a que los acusados aportaran las póliza como pago de su fianza.
La resolución de la Audiencia hizo que Gómez Bermúdez tuviera que levantar los embargos acordados en los casos de los consejeros, la mayoría, que sí recurrieron a sus bienes para abonar la fianza.
Para argumentar que sí se podía aportar la póliza precisaba la sala que nada puede interferir en la relación entre el cliente y la compañía. Caser ya ha respondido al requerimiento del juez oponiéndose y pidiendo que revoque el auto en el que se le reclaman los más de diez millones de euros.
