A los empresarios Juan Ferri y José Baldó el operativo puesto en marcha por el juez Javier Gómez Bermúdez y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les ha pillado fuera de España. El abogado a quien tienen encargada su defensa aseguró ayer a este diario que nada le había comunicado a sus clientes porque nada de este asunto sabía él de forma oficial, falta de información en la que ha sido determinante el secreto de sumario que pesa sobre esta pieza separada del proceso abierto por los negocios de la participada Valfensal en el Caribe. Sin embargo, el letrado tiene previsto presentarse hoy ante el magistrado para intentar saber a qué obedece la orden de detención contra los empresarios y hacerle llegar que se presentarán ante su señoría en cuanto sean requeridos para hacerlo. Aún así, el representante legal de los propietarios de Mar Confort adelantó que recurrirá la orden «porque no entiendo que se mande detener a quienes llevan personados en el procedimiento un año».

Además de a los empresarios, las actuaciones ordenadas por Gómez Bermúdez han tocado a personas de su entorno. De hecho, uno de los abogados que en Valencia trabajan para este grupo, el mercantilista José Luis Tomás, ha sido citado a declarar como imputado y su despacho fue uno de los registrados el martes. Inspección que también alcanzó a la sede del grupo Mar Confort en la localidad mallorquina de Marratxí, ubicada a unos 20 kilómetros de Palma, y el reclamo de documentación a uno de los economistas que el bufete Garrigues tiene en nómina en Alicante.

El letrado de los empresario se quejó en especial de la imputación de su colega de Valencia que, aunque sin estar personado en la causa, aseguró que le estaba ayudando en la preparación de la defensa de Ferri y Baldó. El abogado quiso dejar claro que él sólo había podido contactar con un familiar de sus clientes y que éstos se encontraban fuera del país por razones laborales ya que una buena parte de sus negocios, como los que les han llevado a la situación en la que se encuentran, los tienen ubicados en el Caribe, entre la República Dominicana y México, país al que podrían haber estado volando ayer mientras los agentes de la UCO les buscaban para detenerlos.