El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que «la corrupción es una de las lacras que corroe al sistema democrático» tras ser preguntado por este diario por las detenciones de los exdirectivos de la CAM. Torres-Dulce explicó tras la pregunta que estaba siendo informado del desarrollo de la operación por la Fiscalía Anticorrupción y expresó «mi respeto a las decisiones judiciales y mi convencimiento de que todo se va a hacer desde los estrictos criterios de legalidad, independencia e imparcialidad con respecto a todos los derechos de defensa y su presunción de inocencia». El fiscal general añadió a continuación que «la lucha contra la corrupción es una de las prioridades que tiene este fiscal allí donde se evidencie, porque es una de las enfermedades que corroe y muy gravemente el sistema democrático. De alguna forma, está presente en las exigencias de los ciudadanos, que piden una respuesta contra estas lacras sociales y hay que hacerlo lo más imparcial y lo más eficiente en tiempo real». Torres-Dulce ecvitó polemizar sobre si los registros del martes en varios despachos de abogados podía vulnerar la confidencialidad entre letrado y cliente (tal como denunció el Colegio de Valencia). El fiscal se limitó a expresar su confianza en que los registros se habían realizado «con el máximo respeto a los derechos fundamentales».

Por otro lado, la plataforma que agrupa a 750 afectados que perdieron su dinero por cuotas participativas y participaciones preferentes de la extinta CAM ven «más cerca» la posibilidad de recuperar su dinero tras las detenciones de ayer. Pese a que los arrestos se produjo en una investigación paralela a la suya en la Audiencia Nacional, el portavoz de la plataforma, Carlos Pena, explicó que las detenciones «demuestran que todo lo denunciado es cierto». «Se está comprobando que esta gente había cometido varios delitos dentro de CAM y que actuaron en perjuicio nuestro y en su propio beneficio para tener grandes sueldos», advirtió.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Moisés Jiménez, afirmó que existe «inquietud» desde el punto de vista del «ámbito social» por la detención de parte de la cúpula de la antigua Caja del Mediterráneo (CAM). A preguntas de los periodistas en Alicante, afirmó que, en todo caso, «la Justicia es la que tiene la voz» y que «hay que confiar» en ella, ya que «en un Estado de Derecho» se precisa de «una Justicia que funcione». El presidente de la patronal alicantina opinó ayer que «si se han producido las detenciones es porque el juez tiene algún dato que las justifique».

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, eludió pronunciarse sobre la operación. «No las valoro -las detenciones- porque desconozco» los datos, «y sería muy arriesgado por mi parte», añadió.