Cuando se piensa que se expropiaron 3 millones de metros cuadrados en Agua Amarga, pero Ciudad de la Luz se construyó en medio millón, algo parece que no cuadra. Eso fue en el año 1999, una polémica decisión que impulsó la Generalitat de Eduardo Zaplana y que en 2002 se llevó por delante casas, negocios y terrenos de propietarios particulares que tenían allí parte de su vida.

Han pasado casi 17 años y el tema continúa en los tribunales por una falta de acuerdo entre la administración y los expropiados que denunciaron el desamparo de tener enfrente al gobierno autonómico y la sensación de que habían sido injustamente desprendidos de sus posesiones. Ahora, algunos se plantan ante la imposibilidad de recuperar sus terrenos como estaban, otros no creen que tengan que devolver el dinero que les dieron en su día, también hay quien está dispuesto a devolver el justiprecio que se le dio para que la parcela vuelva a sus manos y otros no quieren ni oír hablar de una tierra que les quitaron edificable y que ahora podrían utilizar solo para hacer una huerta.

Este via crucis continuó en los juzgados y en 2011 el Tribunal Supremo declaró nulo el proceso de expropiación por lo que obligaba a la devolución de las parcelas, procedimiento que dejaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Sin embargo, el TSJCV emitía una sentencia en 2004 en la que consideraba inejecutable la resolución en más de una decena de casos al haberse modificado las condiciones originales del terreno y abocó al Consell a pagar indemnizaciones de más de 100 millones. Este culebrón judicial ofrecía un nuevo capítulo el pasado octubre cuando el Supremo volvió a contradecir al TSJ para obligar a devolver los terrenos que no han sido edificados. Al día siguiente, la Generalitat salía al paso para afirmar que su intención es negociar con los propietarios para llegar a un acuerdo que evite devolver los terrenos y recordaba que si se cumplía la sentencia, los expropiados tendrían que devolver el dinero que recibieron.

Uno de ellos es Pablo Lázaro. Parcela de 600 metros cuadrados, vivienda de 400 donde residía y un espacio que empezaba a acondicionar como náutica. Recibió 17 millones de pesetas pero al firmar incluyó en el documento que no estaba de acuerdo con esa medida. Derribaron su casa en 2002, sacando a su hija de casa. «No me dejaron ni entrar para sacar mis cosas y sin embargo había gente que yo no sé quiénes eran que entraban y salían con mis pertenencias», asegura este afectado que ve cosas poco claras. «Nos trataron como a delincuentes».

Por ejemplo, asegura que al de la casa de al lado, «con menos espacio y menor contribución le dieron 31 millones», teniendo en cuenta, además, «que una compañía valoró mi casa y el terreno en 43 millones». Lo que quiere, dice, «es recuperar mi espacio porque era mi casa y mi negocio, y lo sigo considerando como tal».

Ahora, Pablo Lázaro, que labró su vida con trabajo y esfuerzo, afirma que estaría dispuesto a devolver los 17 millones de pesetas que le dieron, si le devuelven el terreno. «pero como yo lo tenía, con luz, agua y todos los servicios, aunque la casa ya es irreversible». Mañana mismo, dice, «que me devuelvan mi terreno porque era mi negocio también; yo nunca estuve de acuerdo en que se me quitara mi propiedad y de una forma tan salvaje, además no se me pagó lo que valía». Pero su terreno sigue siendo edificable.

No corren la misma suerte otros expropiados cuyas parcelas están dentro de 2.412.242 metros cuadrados que han sido declarados no urbanizables y que se encontrarían con un espacio que no vale para nada. Es más, el abogado que representa a buena parte de los afectados, Ricard Sala, cree que no hay que devolver el dinero. «Entendemos que no hay que devolverlo, que la recuperación del terreno es la indemnización por la expropiación indebida».

En este sentido, abogados de los expropiados han presentado diversos recursos de aclaración ante el Tribunal Supremo «con el fin de que resuelva ciertas cuestiones oscuras o lagunas que se derivan de la sentencia». Eso no significa, destaca Sala, que «los propietarios no accedan a reunirse con la administración para llegar a una solución amistosa».

«Que se den cuenta -resalta Pablo Lázaro- de que no somos cosas, que somos personas y que no se ha tenido consideración con nosotros. Si ellos creen que pueden arreglarlo que lo hagan porque nos han robado, nos han quitado la dignidad».