Fueron presentados como el nirvana de la participación vecinal pero de inmediato se vieron teñidos por las sospechas. Unas sospechas que ahora, ocho años después, vuelven a sobrevolar los polémicos «opinómetros» adquiridos por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010 para sondear la opinión de sus vecinos. La última sombra añadida a este largo historial de recelos es la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm al exalcalde socialista Agustín Navarro, ahora edil y diputado provincial, que el próximo 14 de junio declarará ante el juez por un supuesto delito de prevaricación. Con él también lo harán la exconcejal de Contratación, Mariola Fluviá (PSOE); el funcionario jefe de este mismo departamento; y los empresarios Carlos Bisquert Martínez y Alberto Gomar Pascual, este último, responsable de la agencia Crespo Gomar, que organizó las campañas electorales del PSOE en 2007 y 2011, y que era socio de Opinomedia, la empresa a la que se adjudicó la compra de estos aparatos para hacer encuestas.
La adjudicación e instalación de estos terminales se fraguó en el año 2010, meses después de la moción de censura que aupó al PSOE a la Alcaldía con el voto del tránsfuga José Bañuls, y a apenas un año para las siguientes elecciones municipales. El gobierno local incluyó este proyecto dentro del catálogo de obras financiadas en Benidorm por el Plan E-II impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero. Benidorm pagó inicialmente 223.880 euros por los opinómetros, que fueron adjudicados a la mercantil Opinomedia, que ya había instalado unas máquinas similares para el Ayuntamiento de Gandía, donde gobernaba otro conocido socialista, José Manuel Orengo.
Después, a ese dispendio inicial, el gobierno local de la época aprobó el pago de dos sobrecostes: uno de 31.930 euros para instalar un nuevo programa informático en cinco de las 19 máquinas; otro de 32.625 euros por el coste de mantenimiento anual. En total, 288.435 euros abonados con dinero público. O, dicho de otra manera, el Consistorio acabó desembolsando algo más de 15.000 euros por aparato.
La conexión política
Al margen de su elevado coste para las arcas públicas, el contrato de los «opinómetros» levantó desde el minuto uno las sospechas de determinados partidos políticos a nivel local por la conexión política que, según denunciaron distintos portavoces en su día, podría guardar este contrato con el PSOE, tanto a nivel local como autonómico.
La firma beneficiada del contrato no sólo había instalado los «opinómetros» de Benidorm, sino también en Gandía unos meses antes. En la capital de La Safor, en septiembre de 2010, se había creado una plataforma ciudadana de nombre «Gandia ens Uneix» cuyo manifiesto fundacional fue calcado meses después por «Pasión por Benidorm», el colectivo supuestamente independiente que apoyó la candidatura electoral de Agustín Navarro, que meses antes de las elecciones de 2011 realizó un ingente despliegue publicitario en edificios, marquesinas, autobuses y otros soportes, con la dirección de correo electrónico del candidato socialista a revalidar la Alcaldía.
Todo ello llevó a distintos grupos políticos, como el Partido Popular, Compromís o el desaparecido Alben, promovido por el ahora edil de Cs Juan Balastegui, a vincular la adquisición de los «opinómetros» con la financiación de «Pasión por Benidorm» y de la posterior campaña electoral socialista. «¿Estamos ante un caso de financiación de intereses privados con fondos públicos?», lanzó ante la prensa José Manuel Beneyto, el entonces candidato de Compromís. Mientras, el actual alcalde y entonces portavoz del PP, Toni Pérez, iba más allá cuando advertía de que podíamos estar ante «un procedimiento a medida cuya intención final podría ser la financiación de la próxima campaña de los socialistas siguiendo un sistema que sesgaba la libre concurrencia de empresas».
Todo eso podría ser lo que ahora trata de esclarecer un juez en la investigación desgajada de una denuncia más amplia sobre financiación irregular del PSPV y por la que también está investigada, en una pieza aparte, la exdirectora general de Consumo del Ministerio de Sanidad y excandidata socialista en Alicante, Etelvina Andreu.
¿Qué fue de ellos?
En la presentación de estos terminales Agustín Navarro aseguró que los opinómetros harían encuestas mensuales sobre las principales preocupaciones de los vecinos. Sin embargo, sólo se dio a conocer el resultado de una de ellas, la primera. Poco más de un año después de su puesta en marcha, el alto coste de mantenimiento llevó al PSOE a revocar el contrato y a apagar las máquinas. Después, 13 de ellas fueron reconvertidas y colocadas en varios edificios públicos. Ahora se utilizan para pagar impuestos. El resto duermen el sueño de los justos en un almacén municipal.
