El Ayuntamiento de Benidorm iba ayer a dar un paso más para solucionar el embrollo que tiene sobre la mesa con la expropiación de los terrenos del Moralet a Enrique Ortiz. Sin embargo, los votos de la oposición en bloque obligaron al gobierno a retirar del pleno la propuesta para anular un acuerdo plenario y proceder a la retasación de la parcela que le fue expropiada a la mercantil Incobe en la que participa Ortiz.
En concreto, el gobierno local llevó a pleno una moción por la que se iba a aprobar la declaración de nulidad de un acuerdo plenario del mes de diciembre de 2017 en el que se acordó denegar a la empresa una nueva retasación, como había solicitado, porque ya se le habían pagado los 5,9 millones de euros por la expropiación que había determinado el Tribunal Supremo.
Además, tras un enmienda del grupo municipal Liberales, la propuesta incluía celebrar una comisión mixta, es decir entre la empresa y el Ayuntamiento, para intentar negociar y pagar lo antes posible los intereses que se han generado por esa retasación. Sin embargo, a pesar de aceptar esa enmienda, tanto ese partido como el resto de la oposición (PSOE, Cs, Compromís y los dos concejales no adscritos) votaron la retirada, en total 15 votos contra los 10 de PP y CBm que obligó a retirar la moción y dejarla para más adelante.
La historia del lío con Ortiz empieza en 2012. En ese momento, el Ayuntamiento firma con el empresario la «hoja de aprecio» para expropiarle los cerca de 300.000 metros cuadrados de terreno en este plan parcial. La falta de acuerdo sobre cuánto valían esos terrenos acabó en los tribunales ya que Ortiz solicitaba 47 millones por el suelo mientras que el Consistorio decía que valía 73.000 euros. Así que finalmente fue el TSJCV quien puso orden después de que el jurado Provincial de Expropiación se pronunciara: los terrenos valían 5,9 millones de euros.
Cantidad pagada
Esa cantidad principal se pagó por el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre. El problema fue que, una variación en la cantidad que los abogados del empresario indicaron que tenía que satisfacer la administración local, hizo que por sólo una diferencia de 40 euros, el proceso se haya ido prácticamente al principio, con Ortiz en el Jurado Provincial para que le retasen los terrenos.
Precisamente, entre los argumentos para retirar el punto estaban las «dudas» de los grupos de la oposición sobre que ese error en el cálculo de 40 euros le dé derecho a Ortiz a pedir una nueva retasión. También porque en el transcruso del pleno se dió a conocer el recurso de súplica que el Ayuntamiento ha presentado ante el TSJCV para determinar los intereses de demora que ha de pagar. Y es que, como ya ocurrió con la tasación del suelo, el Consistorio considera que ascienden a 1,08 millones mientras que el cálculo de la empresa es de 1,4 millones. Estos intereses de demora no han sido pagados aún por lo que, según el secretario municipal se siguen generando «intereses sobre los intereses» y que de diciembre aquí estarían entre «17.000 y 20.000 euros más». El portavoz adjunto del grupo Ciudadanos, Juan Balastegui, matizó aún más esa cantidad: «100 euros diarios».
Por su parte, el PSOE, que también votó la retirada, presentó luego un ruego para que el gobierno consigne en el presupuesto al menos esos 1,08 millones para poder pagar de inmediato a la mercantil. El portavoz Rubén Martínez indicó que habría que pagar ya los intereses pero además «negociarlos a la baja» con Ortiz como se ha hecho con otros asuntos años atrás.
Con todo, a pesar de no querer ayer votar la moción que se llevó a pleno, los socialistas quieren que «en el menor tiempo posible», con el «mayor consenso técnico y político posible» y aportando «toda la información pertinente», se convoque un pleno extraordinario en el que «se apruebe una propuesta consensuada que permita resolver esta situación». Eso sí, añadieron que esa sesión será sin retribución para los concejales, ya que sería la segunda en menos de un mes.
