Pocas veces 40 euros dieron para más en el plano urbanístico que los derivados de una expropiación plagada de interrogantes en la partida del Moralet de Benidorm. Un informe interno elaborado por el departamento municipal de Intervención apunta ahora a que fue la propia beneficiada en esa operación, la mercantil Iniciativas Comerciales de Benidorm (Incobe), la que habría propiciado un error que llevó al Ayuntamiento a abonar menos dinero por la compra de los 332.894 metros cuadrados que eran propiedad de dicha empresa, participada por el polémico constructor alicantino Enrique Ortiz y su socio Antonio Solana. Ahora, con todo el dinero abonado, este error podría provocar una nueva demora del expediente y, con ella, que se generaran más intereses a favor del empresario. O, en otras palabras, un «despiste» de 40 euros podría volver a sembrar de dudas el procedimiento y gravar aún más las arcas públicas.
La operación se inició hace más de un lustro y se saldó con un pronunciamiento del Tribunal Supremo, que dio por bueno el precio tasado por el Jurado Provincial de Expropiación y avalado por el TSJ, que cifraba en algo más de 5,9 millones el valor de la parcela. El Ayuntamiento finiquitó su deuda con Incobe el pasado noviembre, cuando se acabó de abonar toda la expropiación. Los tribunales pidieron al Consistorio justificar los pagos, y fue entonces, hace apenas un par de semanas, cuando se detectó el error que podría dar al traste con buena parte de la tramitación: faltaban por pagar 40 euros que el Ayuntamiento no había detectado y que Ortiz tampoco había reclamado. Hasta entonces.
¿Qué pudo provocar ese garrafal -y a la vez irrisorio- error? La concejal de Urbanismo y Hacienda, Lourdes Caselles no dudó días atrás en apuntar al departamento de Intervención como culpable de este pago erróneo, una acusación que cayó como un rayo en este departamento y que ha hecho al interventor cargar duramente contra la edil.
Cronología
Un informe interno elaborado ayer mismo por José Ignacio Oiza para informar al alcalde de lo sucedido relata detalladamente cómo acontecieron los hechos y apunta a los representantes legales de Incobe como inductores -a sabiendas o no- de dicho error. Además, desvincula por completo a su departamento de haber tomado parte en esta sucesión de fallos, pese a las palabras acusadoras de la concejal responsable del área.
«Fue el propio letrado de Incobe S.L. el que, al solicitar el reintegro de la cantidad de 9.926,86 euros consignada en el Juzgado por el Ayuntamiento cometió el error de reclamar 40 euros menos. El juzgado accedió a su petición y acordó requerir al Ayuntamiento el pago de la cantidad de 9.886,86 euros solicitada», apunta el técnico. A ello, agrega: «La Asesoría Jurídica remitió el auto del juzgado al tesorero, solicitándole el pago de 'la cantidad que en dicha resolución se indica'; y la Tesorería procedió a su cumplimiento abonando los 9.886,86 euros».
El interventor concluye su exposición aseverando: «De todo ello, se infieren dos consecuencias: que el impago de los 40 euros es causado por el error en el escrito del propio abogado de INCOBE S.L., y que la Intervención municipal no ha tenido participación alguna en el mismo». Y en este punto es donde clama contra la concejal de Hacienda, Lourdes Caselles, a quien acusa de tener «animadversión» contra el área de Intervención y de verter contra la misma «acusaciones que son radicalmente falsas».
Consecuencias
¿Qué consecuencias puede tener para el Consistorio todo este desaguisado? En este punto, también difieren tanto el técnico de Intervención como la edil. La primera explicó que el pleno deberá ahora revocar un acuerdo plenario del pasado diciembre, donde se denegaba a Ortiz su petición de volver a tasar los terrenos, y que, a partir de ahora, se abren todas las posibilidades a favor del empresario. Incluida la de que el Ayuntamiento tenga que pagar aún más dinero por el suelo del Moralet si así lo dice esa retasación. No obstante, Caselles confió en que finalmente no sea así.
El interventor tilda estas hipótesis de «pretendidas catastróficas consecuencias» y añade que, existiendo una sentencia del Supremo fijando el valor del terreno, sería del todo «inverosímil» ahora su modificación. El tiempo dirá.
