El Ayuntamiento de Benidorm abrirá un nuevo frente con Enrique Ortiz en su intento por poner punto y final a las irregularidades urbanísticas que pesan desde hace una década sobre la estación de autobuses de la ciudad turística y que, de hecho, provocaron que un juez anulara, allá por 2013, la concesión al polémico constructor. Un paso que todavía no ha dado el Consistorio benidormense, ya que para cumplir con la orden judicial y rescatar el complejo de las manos de Ortiz primero debe legalizar el exceso de obra que se cometió en la citada infraestructura. El procedimiento para restaurar esa legalidad urbanística necesaria para acatar la sentencia, que data de 2013, incluye un «expediente sancionador» como castigo al adjudicatario. Así se detalla en un decreto al que ha tenido acceso este diario en el que se aprueba el reinicio de los trámites, que para más inri han caducado.
Así, en el documento en cuestión se autorizan dos trámites. Por una parte, se aprueba «declarar la caducidad del expediente de infracción urbanística» y ordena «notificar la resolución de restauración de legalidad urbanística». Para ello, a renglón seguido, se da vía libre para «incoar un nuevo expediente de restauración de legalidad urbanística, atendiendo que la declaración de caducidad no ha producido la prescripción de la acción de esta administración al ser suelo calificado de dominio público». «Una vez resuelto iniciar el preceptivo expediento sancionador dando un plazo de alegaciones de quince días previo a la propuesta de resolución», concluye el decreto que firma la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles.
Coste del castigo económico
O dicho de otra manera, con este decreto el Ayuntamiento reactiva los trámites para acabar con las irregularidades urbanísticas que pesan sobre la estación de autobuses de Benidorm y allana el camino para licitarla de nuevo y finiquitar así el contrato que a día de hoy mantiene con Ortiz, que sigue explotando la terminal pese a todo. Un procedimiento que no le saldrá gratis al empresario alicantino. De hecho, según adelantaron fuentes municipales la sanción que el Consistorio impondrá al constructor podría rondar los 200.000 euros, aunque desde el área de Urbanismo insisten en que será Suma quien determine la cantidad a pagar por todo lo que se levantó de más, variando el proyecto inicial del complejo.
Hay que tener en cuenta que la UTE -compuesta por una mercantil de Ortiz y Auplasa- que se adjudicó la construcción de la estación de autobuses y su posterior explotación durante un plazo de nada menos que 70 años excedió y mucho los límites establecidos en el diseño original, tanto de altura como de superficie. De hecho, fue precisamente ese exceso lo que llevó a un juez a dar la razón a otra empresa que denunció que los cambios ejecutados sobre el diseño original fueron tan elevados que el Consistorio debería haber licitado a través de otro concurso público la ejecución de los mismos.
Entre los excesos urbanísticos de la Estación se encuentran las obras consistentes en el aumento de edificación de casi 2.000 metros cuadrados para uso comercial, dos plantas de algo más de 1.000 metros cuadrados cada una en un hotel, cerca de 200 metros repartidos en cinco habitaciones pertenecientes a otra planta del establecimiento hotelero sumando un exceso total de más de 4.000 metros cuadrados, que nunca se ajustaron a lo aprobado en la licencia de obra que se concedió a Ortiz. Ahora, el Consistorio retomará los trámites para intentar acabar con las irregularidades y dotar de legalidad a la terminal.
El portavoz del grupo municipal Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, criticó que «por desgracia gente como Ortiz, que construyó de manera ilegal, cosa conocida desde hace tiempo, necesitan de varios expendientes para que cumplan con su sanción correspondiente. Esperamos que ahora sí que cumpla».
