La falta de acuerdo entre los técnicos municipales sobre el coste de la nueva licitación de la estación de autobuses de Benidorm, y la ausencia de una valoración externa al Ayuntamiento que ponga fin al conflicto han permitido al empresario alicantino Enrique Ortiz continuar con la explotación de la citada infraestructura pese a que hace cuatro años el Tribunal Supremo anuló la concesión de la misma cuatro años y obligó a resolver el contrato entre el constructor y la administración local.
Para acatar la sentencia de 2012, el Consistorio benidormense tendrá que pedir una tasación a un oganismo independiente que fije un precio. Así lo explicó la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien indicó, a preguntas de este diario, que la intención es retomar, en el plazo de unas dos semanas, los encuentros de la comisión constituida para abordar este asunto, en la que está representada tanto la empresa adjudicataria como la administración municipal.
Como se recordará, el Ayuntamiento adjudicó en el año 2003 el desarrollo y la gestión de la infraestructura a la Unión Temporal de Empresas Estación de Autobuses de Benidorm UTE por 5,6 millones de euros durante un plazo de 40 años. Sin embargo, la construcción por parte de la empresa participada por Ortiz de dos alturas de más en el hotel emplazado dentro del complejo, así como la ejecución de locales comerciales no planeados en el proyecto inicial llevó a los tribunales la estación desarrollada por el empresario alicantino.
Tras varias sentencias en contra de la modificación ejecutada por Ortiz sobre el proyecto inicial, el Tribunal Supremo ratificó en el año 2012 la «infracción urbanística» y obligó al Ayuntamiento a licitar de nuevo este complejo al considerar que al tratarse de unos cambios de gran calado sobre el proyecto original deberían haber sido adjudicados a través de un proceso diferente y abierto a otras empresas. Una orden judicial que a raíz de los desencuentros entre los diferentes técnicos municipales implicados en el procedimiento ha provocado que, a día de hoy, la estación de autobuses continúe en manos del empresario, quien además no está abonando el canon anual que le correspondería pagar al Ayuntamiento por la explotación de la infraestructura.
Contradicciones
Así las cosas, mientras un informe municipal valora el presupuesto base de la licitación en 35,4 millones, la valoración de otro técnico rebaja la cifra en ocho millones por ser la cantidad que ya se habría amortizado desde que arrancó su actividad. Un cúmulo de contradicciones al que el equipo de gobierno popular de Benidorm quiere poner fin, según explica Caselles, a través de un «visión externa» a la administración local. Una valoración que, no hay que olvidar, supondrá un desembolso económico para las arcas locales todavía sin cifrar.
Con todo, cabe destacar que en los últimos meses no se ha llevado a cabo ninguna actuación en este sentido ni se ha convocado la comisión constituida para tratar la cuestión. De hecho, en la última junta de portavoces celebrada en el Consistorio benidormense, el representante del grupo municipal de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, puso encima de la mesa la cuestión. Un debate que no llevó a ningún puerto y que continuará en próximas sesiones, según explicó el propio edil.
Bigorra criticó la parálisis del gobierno municipal del PP, en esta cuestión, a la vez que exigió que se cumpla de una vez la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento a resolver el contrato con Enrique Ortiz.
Por su parte, la concejal de Urbanismo de Benidorm matizó que la intención es «desbloquear y licitar» la estación de autobuses, aunque no se aventuró a poner fecha para ello encima de la mesa. Lo que sí señaló fue su voluntad de que, tras las vacaciones de Pascua, se convoque de nuevo la comisión para reiniciar el proceso, fijar el presupuesto de la licitación y, de esta forma, poder zanjar un problema que el Ayuntamiento de Benidorm arrastra desde hace más de un lustro, cuya resolución definitiva ya se aplazó por falta de informes en el pleno ordinario de marzo de 2015.
