El urbanismo de Benidorm parece no salir de los numerosos embrollos que arrastra desde hace décadas y en los que converge un denominador común: Enrique Ortiz. El constructor alicantino, implicado en las tramas Gürtel y Brugal, utilizó suelo de la estación de autobuses de la ciudad para obtener los terrenos de la partida del Moralet por cuya expropiación reclama al Ayuntamiento la friolera de 47 millones de euros. La operación se realizó mediante la fórmula de una permuta, a pesar de que, en el momento de la firma existían ya distintos recursos administrativos y contenciosos que desembocaron en la sentencia del TSJ, ratificada después por el Supremo, que anulaba la modificación del acuerdo plenario de 2003 por el que se autorizó a Ortiz a ampliar la superficie comercial de la Estación, y que ahora ha llevado al Ayuntamiento a iniciar la resolución de la concesión de mutuo acuerdo para legalizar toda la superficie construida de más y volver a sacar la gestión de la terminal a concurso público.
En octubre de 2005, la empresa El Moralet SL y la sociedad Iniciativas Comerciales de Benidorm SL (Incobe), participada por el constructor y el empresario Antonio Solana, suscribieron un contrato privado de permuta. La primera empresa era la propietaria de tres fincas registrales con una superficie total de 410.155,06 metros cuadrados en la partida El Moralet. La segunda, Incobe, disponía, por la aportación de uno de sus socios -Ortiz- el uso y disfrute durante 39 años y 10 meses de los locales comerciales de la primera planta de la Estación, a los que, cuando finalizara la construcción, sumaría 148 plazas de garaje y un local de 2.400 metros cuadrados donde se ubicaría el actual supermercado. En el acuerdo, ambas partes aceptaban permutar las tres fincas del Moralet por el derecho de uso y disfrute de los locales comerciales -de algo más de 6.300 m2- y las plazas de garaje, por 39 años y 10 meses, más prórrogas.
La Estación se inauguró en octubre de 2007 y meses después, en febrero de 2008, El Moralet SL, Incobe y Estación de Autobuses de Benidorm -la firma de Ortiz que tenía la gestión de la terminal- firmaron la escritura pública para oficializar el contrato privado de permuta de 2005, aunque con algunas variaciones. Entre ellas, la superficie final de suelo comercial de la Estación objeto del intercambio se fijaba en 4.712,19 metros cuadrados, casi la mitad de toda la zona comercial del edificio, además de los 148 aparcamientos, mientras que Incobe acabó obteniendo dos de las tres fincas del Moralet inicialmente pactadas.
Revocación de la concesión
El Ayuntamiento de Benidorm acordó el pasado septiembre retirar la concesión de la estación de autobuses a Enrique Ortiz para poder cumplir la sentencia judicial que anulaba el acuerdo plenario por el que se autorizó a Ortiz a ampliar la superficie comercial de la misma en 2003. Como ya informó entonces este diario, el convenio pactado entre las dos partes -y que aún no se ha firmado- pasaba por resolver la adjudicación de mutuo acuerdo, legalizar todo el exceso de obra y volver a sacar la explotación a concurso público. Si una nueva empresa obtenía la concesión, debía indemnizar a Ortiz con 27 millones por la obra ejecutada; si el concurso quedaba desierto, sería la empresa del constructor quien mantendría la explotación aunque, ahora sí, con toda la obra completamente legal.
Ante estos trámites, la mercantil El Moralet SL presentó ante el Consistorio una serie de alegaciones, en las que expone su derecho de uso y disfrute de la superficie antes citada y reclama mantener estas condiciones cuando se produzca una nueva adjudicación. Además, alega que, cuando se produjo la permuta, no fue informada de los vericuetos judiciales en los que estaba inmersa la terminal.
Litigio por la expropiación
Sobre el otro vértice de aquel acuerdo entre El Moralet SL e Incobe, los terrenos en la partida del Moralet, el Ayuntamiento de Benidorm y el constructor alicantino tienen abierto otro litigio. En 2011, el empresario exigió iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos, clasificados en el Plan General como suelo destinado a servicios y parque urbano y reclamó al Ayuntamiento el pago de 47 millones de euros por los 345.000 metros cuadrados que afirma tener inscritos. El Ayuntamiento valoró el precio del metro cuadrado muy por debajo y acabó ofertando 73.000 euros, mientras que el Jurado Provincial de Expropiación arrojó un justiprecio de 5,96 millones. La falta de acuerdo entre las partes derivó el asunto a los tribunales y, a falta de que se pronuncien los juzgados, el Ayuntamiento deberá abonar a Incobe, al menos de partida, esos cerca de 6 millones en cuanto la empresa deposite un aval por la misma cuantía, un trámite que tampoco se ha producido aún.
Ahora bien, si Ortiz y su socio obtuvieron los terrenos utilizando suelo de la Estación, falta por ver hasta qué punto esta permuta puede considerarse válida. El edil de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, indicó ayer que a su departamento no le consta que el Ayuntamiento autorizara en ningún momento la cesión de la superficie comercial por parte de la concesionaria a un tercero, un trámite obligado al tratarse de un espacio público y que, según el concejal, podría invalidar aquel acuerdo entre las dos mercantiles. Ivorra afirmó que mientras se discute el precio del suelo, también habrá que discernir quién es el propietario real del Moralet.
