Webs internacionales de alquiler vacacional como Airbnb.com cuentan, actualmente, con más de 1.000 referencias relacionadas con Benidorm. Otras como HomeAway tienen 249 registros, y Housetrip, 98. Estos números tienen en guardia a gran parte del sector turístico de la Costa Blanca. Sobre todo al de la capital del turismo, que no deja de presionar para que se persiga un tipo de negocio online que, según ellos, está perjudicando al del alojamiento turístico tradicional,perjudicando alojamiento turístico tradicional que cumple una serie de normativas y obligaciones económicas por ley.
Estas tres empresas antes citadas, algunas de ellas convertidas en monstruos económicos a nivel mundial (Airbnb ha superado en reservas a la mismísima cadena hotelera Hilton), tienden la mano a las administraciones públicas españolas para encontrar fórmulas que pacifiquen una guerra abierta entre diferentes empresarios turísticos y ellas. Fuentes de Airbnb consultadas por este diario afirman que «continuaremos trabajando con las autoridades en España para crear una normativa justa y razonable que permita a las personas compartir su hogar».
Desde Housetrip, por ejemplo, explican que están en negociaciones, sobre todo a través de Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos), con diferentes regiones españolas con el objetivo de regular la industria, «en lugar de prohibir una actividad que es vital para muchos españoles». Las mismas fuentes de Airbnb indican que «compartir tu casa beneficia a todos. Otras ciudades como París, Amsterdam o Seúl han reaccionado y dado la bienvenida a esta actividad».
Housetrip considera «razonable» que los propietarios de las viviendas que publicitan deban pagar unos impuestos por ejercer un servicio con el que van a generar un beneficio. «Estamos absolutamente de acuerdo con que debe existir una ley que regule el sector. Sin embargo, esta normativa no puede ser tan restrictiva que condene a los propietarios al ejercicio ilegal o a su práctica desaparición. Y es que muchas de las leyes que se están generando favorecen a los dueños adinerados de las villas o bloques enteros de pisos, mientras que prohíben al pequeño propietario el alquiler de su residencia de forma ocasional», indican desde este portal web lanzado en Londres en 2010, que algunas publicaciones han considerado como una de las 100 startups - empresas emergentes apoyadas por la tecnología- más destacadas de Europa.
Desde esta macroempresa subrayan que los pequeños inversores compran segundas casas «que sólo las ocupan durante las vacaciones, pudiéndolas alquilar durante el resto del año». Consideran que si desaparece este sector se vería afectada la economía local, «ya que estos mini empresarios dejarían de invertir en España en beneficio de otros países con las leyes más flexibles». También añaden que un 50% de los huéspedes de Housetrip son familias, «que siempre encuentran más beneficios en el hecho de disponer de una cocina o espacio extra».
En HomeAway dejan claro que ellos cumplen con la legislación vigente, «ya que tenemos nuestra oficina en España, donde cuentan con más de 100 empleados y pagan la totalidad de sus impuestos». Otra cosa, según fuentes de esta empresa, es el control de si sus clientes cumplen con las obligaciones legales o fiscales. «La Ley de Sociedad de Servicios de la Información (conocida como LSSI), que marca la directiva europea de Comercio Electrónico, nos exime de la responsabilidad de comprobar la licitud de los contenidos que publicamos. Resultaría materialmente imposible», argumentan. De ahí la principal crítica de patronales hoteleras como Hosbec: ¿Pagan los dueños de estos apartamentos los mismos impuestos que alguien que se dedica a los apartamentos turísticos? ¿Es eso justo? HomeAway también se pone a disposición de las administraciones «para colaborar con ellas con el objetivo de promocionar una mayor transparencia».
El ejemplo de Barcelona
El sector turístico en Benidorm no deja de sacar a la palestra este problema, para que la Generalitat y Hacienda le pongan solución. En otras ciudades españolas como Barcelona la pelea es más encarnizada. A finales de agosto, el alcalde, Xavier Trias, ordenó la inspección de 154 pisos anunciados en Airbnb, se levantaron 117 actas y se clausuraron 24 viviendas consideradas ilegales. «A quien sorprendamos con cosas fuera de la ley se le caerá el pelo», declaró Trias. En sólo una semana, la oferta de pisos en la Ciudad Condal en esta web bajó un tercio.
Actualmente, no hay ninguna línea de diálogo abierta entre estas webs y el Ayuntamiento de Benidorm o la Generalitat. El Consell continúa con su Plan de Inspección de apartamentos turísticos, que también lleva a cabo en Internet.
