Hoteleros y promotores de viviendas de la provincia han hecho un frente común para exigir la regulación del alquiler de alojamientos turísticos y, de este modo, acabar con la economía sumergida que mueve este subsector, que ronda los mil millones de euros anuales de dinero opaco a Hacienda. mil millones de euros anuales opaco HaciendaLa patronal turística Hosbec y la de constructores Provia-Ferprovia tienen previsto presentar ante el Consell y los distintos ayuntamientos un decálogo de propuestas para perseguir este tipo de fraude, en el que, según estimaciones del sector, pueden estar inmersos unos 125.000 propietarios de viviendas y cerca de 500.000 plazas, que se publicitan en portales online y redes sociales sin ningún tipo de control y sin pasar ningún filtro en materia de seguridad, calidad o pago de tributos.
Representantes de ambas organizaciones empresariales alertaron del importante aumento de la economía sumergida que se ha detectado en los dos últimos años con la aparición de distintas plataformas online. Y, además, destacaron que esta práctica no sólo está provocando un importante desvío de turistas hacia la oferta no reglada, sino que también está perjudicando a la venta de viviendas a extranjerosventa de viviendas a extranjeros, una de las principales apuestas de los promotores para sacar del mercado las miles de viviendas vacías en la provincia que se quedaron sin vender por el estallido de la burbuja inmobiliaria. A juicio de Provia, «se está transmitiendo la equívoca opinión de que se pretende limitar el arrendamiento de las segundas residencias, cuando lo que se pretende es regularlo e incluso facilitar el cumplimiento de la normativa», de ahí que consideren de vital importancia que se elabore un nuevo marco normativo para legalizar esta práctica.
Entre las premisas que figurarán en la batería de propuestas consensuadas por Hosbec y Provia, fuentes de la agrupación turística indicaron que la principal será «poder facilitar a los titulares de viviendas que cumplan con todas sus obligaciones tributarias y unas condiciones mínimas en cuanto a licencias y responsabilidad civil». Asimismo, también pondrán sobre la mesa aspectos relacionados con la seguridad, orden público y normas de Policía, como por ejemplo, el parte registro y entrada de viajeros.
Los hoteleros mantienen que el sector legal de alojamientos turísticos tiene la obligación de comunicar a la Policía Nacional todos los viajeros alojados en hoteles, campings y otras hospederías, un control que «está siendo muy útil para la localización de delincuentes, de personas buscadas por la Interpol o de personas desaparecidas de sus domicilios habituales», pero por el que no pasan quienes se hospedan en apartamentos no reglados, con lo que «puede verse comprometida cuestiones básicas de seguridad». Igualmente consideran que se deberían establecer sistemas específicos para garantizar la seguridad ante incendios, la seguridad alimentaria o la responsabilidad civil básica asegurada.
Para los promotores, el arrendamiento de viviendas con fines turísticos, vacacionales o de ocio no debe considerarse alojamiento hotelero cuando no se presten servicios propios de esta industria, tales como manutención, limpieza, recepción, etc... De este modo, se podrían facilitar las altas de segundas residencias que se adquieran por residentes españoles o extranjeros para destinarlas al alquiler turístico.
El presidente de Hosbec, Antonio Mayor, indicó que el «fenómeno de la segunda residencia nos permite mantener una actividad incesante en el aeropuerto durante todo el año, incluidos los meses de invierno, lo que se traduce en un aprovechamiento para el sector hotelero incuestionable». Por ello, destacó que el acuerdo alcanzado entre Hosbec y Provía «no tiene el ánimo de prohibir nada, sino de regular y facilitar la legalización» de este tipo de viviendas y el cumplimiento de unas normas comunes.
