«El tiempo juzgará». Esta fue la frase que el entonces alcalde de Benidorm, Vicente Pérez Devesa, utilizó el octubre del año 2002 para poner fin a un intenso debate plenario en el que se aprobó definitivamente el proyecto para urbanizar Armanello presentado por el constructor Enrique Ortiz. Un año antes, el Ayuntamiento había adjudicado a este empresario la urbanización del sector de suelo más importante de la ciudad, ubicado en la zona de Levante y con una superficie de 667.000 metros cuadrados, en los que estaba previsto construir una veintena de rascacielos y unas 3.600 viviendas. Ahora, trece años después de aquella adjudicación, y tras un rosario de pleitos, incumplimientos y tiras y aflojas, Benidorm tendrá que iniciar de cero la tramitación de este plan parcial, sobre el que el tiempo ha juzgado y los tribunales, también.
El pleno municipal acordó ayer por unanimidad iniciar los trámites para retirar a Ortiz la condición de agente urbanizador del plan Armanello. La moción, incorporada a la sesión por la vía de urgencia por el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra (CDL), se fundamenta principalmente en la retirada por parte del constructor alicantino de los 17,5 millones de euros que en 2001 se comprometió a invertir en el PAI para mejorar las infraestructuras inicialmente previstas y entre las que, por ejemplo, se incluía un Palacio de Congresos.
El proyecto presentado por Ortiz preveía repercutir a los propietarios del suelo estas cargas adicionales, hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana anuló en marzo de 2012, por medio de dos sentencias, el planeamiento de Armanello por los excesivos gastos impuestos a los afectados. En concreto, el TSJ obligaba a rehacer el plan y repercutir en estos últimos el 10% de los costes de urbanización del sector y no el 34%, como acordó Ortiz, lo que en septiembre del pasado año llevó al empresario -implicado en las tramas Gürtel y Brugal- a presentar una nueva proposición, excluyendo directamente los ya famosos 17,5 millones de euros que, en su día, fueron la principal clave que le valió para obtener la adjudicación.
Debate plenario
Durante el debate plenario para aprobar esta moción, el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, del CDL, destacó que el Consistorio dio ayer el primer paso para poner fin a un largo proceso, en el que el interés general no ha salido bien parado. Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Pérez, lamentó que desde marzo de 2012, cuando el TSJ tumbó el plan, el Ayuntamiento haya perdido más de dos años en iniciar el procedimiento aprobado ayer «cuando debería haber sido compromiso de todos agilizar este asunto». El edil de Urbanismo explicó que, en todo este tiempo, «en ningún momento se ha paralizado el proceso. Ha habido numerosos cruces de escritos tanto con el TSJ como con Ortiz para buscar una solución que no ha llegado», explicó Ivorra, quien también agregó que, el último cruce de escritos fue el pasado 19 de junio.
Y ahora, ¿qué?
Por último, el edil Ivorra explicó que tras este primer acuerdo, se dará un plazo de diez días para que Ortiz, los propietarios de suelo y la entidad avalista puedan presentar alegaciones y también habrá que recabar informes del Consell Jurídic Consultiu y del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo. Si los informes avalan al Consistorio, se aprobará la retirada definitiva de la adjudicación, tras lo cual se iniciará un nuevo expediente para adjudicar del sector y habrá que redactar un nuevo PAI. Por su parte, además de las alegaciones, Ortiz tendrá la posibilidad de recurrir al Contencioso si no está conforme con esta decisión. Y entonces los tribunales tendrán que volver a juzgar.
