El gobierno local de Benidorm, formado por PSOE y CDL, aprobó ayer en solitario la rescisión definitiva del contrato de la gestión de la grúa y la zona azul a ParkControl 2000 SL y la incautación definitiva del aval de 60.000 euros depositado en su día por la empresa como garantía del servicio. Ahora bien, aunque la mercantil ya no es la concesionaria, la ley establece que ésta deberá seguir prestando el servicio hasta que se produzca una nueva adjudicación, de modo que la Agencia Tributaria continuará a partir de hoy mismo recaudando el dinero que todos los vecinos y visitantes de Benidorm abonan diariamente por aparcar sus vehículos en zona azul y por los arrastres de la grúa, para cobrar la deuda tributaria que ParkControl mantiene con Hacienda.

Tras cuatro años en los que se han producido hasta dos intentos previos de rescindir la concesión, PSOE y CDL sacaron adelante este asunto con la abstención del PP y del concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer. Éste solicitó que el punto quedara sobre la mesa, para no poner en riesgo la prestación del servicio durante los meses estivales y criticó que el ejecutivo hubiera llevado el asunto a pleno sin tener ya una empresa para relevar a ParkControl. La opción, sin embargo, fue rechazada por el gobierno local al considerar que este expediente «no se puede demorar ni un día más», según el alcalde, Agustín Navarro. «Si hay una empresa al día siguiente de rescindir este contrato, yo no voy a los tribunales, me hubieran llevado directamente al paredón», respondió el primer edil, recordando así la querella interpuesta en 2010 por el PP y que ahora se ha archivado.

Durante el debate plenario, los dos portavoces de la oposición insistieron en las dudas que plantea la rescisión de este contrato, principalmente en lo relacionado con el futuro de sus 32 trabajadores y con servicios de prestación obligatorios, como es el caso de la grúa. Frente a ello, el gobierno, tanto de boca del portavoz del PSOE, Conrado Hernández, como de la del CDL, Gema Amor, cargaron las tintas contra el PP y le acusaron de demorar este expediente por la querella que presentaron en su día contra Navarro y Bañuls. También aseguraron que los empleos están garantizados. El portavoz popular, Antonio Pérez, respondió acusándoles de haber «edificado una gran mentira en torno a esta querella» y recordó que en 2011 se elevó a pleno otra propuesta de resolución, pese a estar interpuesta ya dicha denuncia, y que, posteriormente, el gobierno aparcó.

Nueva licitación

Paralelamente, el gobierno local también sacó adelante otra moción para iniciar y tramitar de forma urgente un nuevo expediente de licitación de estos servicios, para lo cual habrá que redactar un nuevo pliego de condiciones. El PP se abstuvo y Ferrer votó en contra, reclamando la municipalización del servicio.