Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) obliga al Ayuntamiento de La Vila Joiosa a abonar o consignar en la Caja General de Depósitos 2.028.205,26 euros, correspondientes a la expropiación de una serie de terrenos en el área deportiva Marta Baldó de esta misma localidad.
Dicho concepto es un justiprecio que resolvió en 2010 el Jurado Provincial de Expropiación de Alicante para este conjunto de parcelas, tras una serie de diferencias sobre el valor de las mismas del Ayuntamiento con uno de los antiguos propietarios. Se trata del empresario Francisco Ávila, que es el que en 2009 inició un proceso legal que obliga al Consistorio a movilizar parte de su presupuesto para pagar esta cantidad.
El alcalde de La Vila, Jaime Lloret, argumentó ayer a este diario que, de momento, no realizarán la consignación por la falta de concreción de titularidad dominical de las fincas, así como de créditos preferentes hipotecarios. Es decir, no tiene claro de quién son los terrenos a día de hoy y en qué situación contractual se encuentran. De hecho, Lloret reseñó que para poder llevar esto a cabo tienen que finalizar un procedimiento de expropiación que tienen iniciado.
A Francisco Ávila, que es el empresario y abogado que está peleando por esta consignación en los tribunales, le parece esta actuación del equipo de gobierno vilero «una excusa de mal pagador», con la que simplemente «tratan de ganar tiempo para no tener que incluir esta cantidad en los presupuestos generales, ya que por todos es sobradamente conocida la situación de ajuste que vive el pueblo». No obstante, Ávila recordó que cuanto más se retrase esta consignación más correrán los intereses de demora, «y eso, al final, al que le repercute es al ciudadano».
Esta historia, según la versión de Francisco Ávila, se remonta a 2008. Según narra, el Ayuntamiento, en época del alcalde José Miguel Llorca, le pidió que comprara unos terrenos para cambiárselos después por unidades de aprovechamiento. El objetivo, cuenta Ávila, era adecentar el polideportivo que allí se encuentra y regenerar la zona. «El problema fue que no cumplieron lo pactado. No me dieron esas unidades, por lo que pedí la expropiación», recuerda el empresario.
La versión del actual alcalde es parecida, aunque en ella «fue Francisco Ávila el que pidió al Ayuntamiento que se le cambiara ese suelo dotacional (en este caso destinado a instalaciones deportivas) por unidades de aprovechamiento, pero no se le hizo ni caso. Cuando entramos nosotros a gobernar en 2008, nos solicitó directamente la expropiación», narra el primer edil.
A partir de ahí, Ayuntamiento y empresario comenzaron a litigar en los tribunales hasta que al final se ha llegado a este punto. Francisco Ávila reconoce que ya no tiene en propiedad ninguna de esta fincas por problemas de deudas, ocasionadas por esta «jugada urbanística en la que yo fui el perjudicado».
Recientemente solicitó al TSJ que obligara a la administración pública que cumpliera la sentencia y consignara los fondos. El Tribunal desestimó su petición alegando que se tiene que dirigir directamente al Ayuntamiento para reclamar el cumplimiento. A Ávila le parece que la decisión «da manga ancha al gobierno municipal para no acatar la sentencia».
