El caso del Marta Baldó no es el único que tiene enfrentado al Ayuntamiento con Francisco Ávila, miembro de una de las familias de empresarios más importantes de La Vila. Actualmente, también está litigando en los tribunales por el PP-4, uno de los planes parciales más jugosos de esta localidad. El Consistorio trata de resolver la condición de agente urbanizador que tenía Ávila de este PAI, por una serie de incumplimientos que dice que ha cometido. En mitad de este proceso, el concejal de Urbanismo, Jerónimo Lloret, decidió utilizar la fianza que depositó como agente urbanizador para construir un vial que una la rotonda que hay junto a la entrada de la autopista con la que se encuentra en la entrada del pueblo, junto a la fábrica de Chocolates Valor. Ávila presentó un recurso de reposición ante esta decisión plenaria pero el Consistorio ha optado por el silencio administrativo. Según el empresario, «el concejal dijo en el pleno que no me habían contestado como estrategia». El caso sigue en los tribunales.
