El debate sobre el cambio de calles franquistas en Crevillent se sume en la incertidumbre de qué pasará con el listado de vías propuestas para alterar su denominación con el fin de cumplir la Ley de Memoria Histórica.

El Ejecutivo local acaba de hacer público un listado de 24 alegaciones de vecinos, asociaciones y otras entidades que solicitan que no se incluya en el listado de vías que retirar del callejero crevillentino a nombres como Guillermo Magro o el Reverendo Pascual Martínez. Entre los motivos esgrimidos para mantener esos nombres en el callejero están que las personas que se mencionan o bien no participaron en política, lo hicieron por cauces legales o realizaron obras para la localidad.

Entre quienes presentaron alegaciones en contra del cambio de algunas vías en el registro municipal están el Obispado de Orihuela-Alicante, la Sociedad de San Vicente de Paul de Crevillent, la comunidad local de Carmelitas, la Mayordomía del Santísimo Sacramento y el grupo Milpa-La Montañeta. El resto son escritos de particulares, entre ellos, uno del alcalde César Asencio para que no cambien la calle del guardia civil crevillentino Diego López.

Por otro lado, el registro también recibió una alegación a favor de las modificaciones por parte de L'Esquerra en la que aportaba documentación del Archivo Municipal para justificar el cambio de nombres en las calles.

La división de criterios en el modo en el que se lleva a cabo la negociación y un edicto de Alcaldía en el que comunicaba el plazo de alegaciones a los crevillentinos hizo que el grupo municipal de Compromís se retirara de estas reuniones a finales de septiembre. Desde la agrupación alegan que el citado edicto «supone un llamamiento a la confrontación y enfrentamientos entre familiares, partidarios o contrarios, respecto a la aplicación de la Ley, que precisamente se promulga para cerrar heridas y no para fomentar el enfrentamiento entre la ciudadanía». Desde la formación anunciaron que se atendrán a lo que establezca la futura Ley de Memoria Democrática, que en estos momentos se encuentra en proceso de aprobación en las Cortes valencianas y que, cuando dicha ley se apruebe y publique, exigirán su cumplimiento.El cambio de calles en Crevillent para ajustarse a la Ley de Memoria Histórica está en marcha desde hace meses y la junta de portavoces es el principal mecanismo que canaliza las decisiones sobre qué hacer con las calles franquistas que aún quedan en el municipio crevillentino. Ahora, en el próximo encuentro, con las alegaciones sobre la mesa, será la Corporación municipal la que decida sobre estos escritos y si dan curso o no a la moción que pedía la retirada de estas vías.

L'Esquerra aseguró que se mantendrá en las negociaciones porque «es posible el consenso y del Partido Popular depende no cerrar en falso este debate». Por otro lado, afirmó que no admitirán en el callejero a «aquellos que hayan participado de desórdenes violentos, posesión ilegal de armas y asesinatos fuera de la contienda, o que deban su nombre en honor a su cargo político en organizaciones paramilitares o franquistas».