El alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, estalló ayer contra la dejadez que ha provocado que caduque, sin resolverse, el expediente sancionador abierto al ex interventor municipal Fernando Urruticoechea, que actualmente está en Orihuela.
El primer edil crevillentino informó ayer que un escrito de la Consellería de Presidencia, que ha sido registrado en el Ayuntamiento, declara la caducidad del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Régimen Local de la Consellería de Presidencia el 23 de abril de 2013. Este expediente se abrió a instancia de Asencio que comunicó hechos que entendía que infringían el correcto proceder de la función interventora y solicitaba que se sancionase a Urruticoechea, entonces interventor en el Ayuntamiento de Crevillent.
Para César-Augusto Asencio, «esta resolución de caducidad ha impedido que se pueda resolver el fondo del asunto». Además, dijo que «al estar caducado el expediente el efecto más inmediato es la prescripción de varios hechos anteriores a la apertura del expediente, por los que aunque se abriera de nuevo el expediente, no podrían ser analizados y sancionados por quedar prescritos, ya que la duración de este expediente, desde que se inició con la denuncia, ha sido de un año y cuatro meses, por lo que la prescripción ha ido avanzando durante este tiempo».
El alcalde aseguró que «es triste que habiendo tiempo sobrado para culminar este expediente, un año de plazo desde la incoación y el nombramiento de instructor el 23 de abril de 2013, se haya dejado caducar negligentemente por el instructor nombrado, quien dejó correr meses sin hacer ningún trámite, dejándolo todo para el final y presentando la documentación a la Consellería caducada».
Por este motivo, desde el Ayuntamiento crevillentino se consideró «lamentable que en estos expedientes haya corporativismo y amiguismo y que para instruir y controlar a un interventor de un Ayuntamiento como el señor Urruticoechea por sus actividades y gestión, se nombre a otro interventor habilitado nacional de otro ayuntamiento de la provincia para que juzgue y en su caso proponga la sanción a otro compañero interventor».
De hecho, Asencio indicó que «ya hubo en este expediente un primer nombramiento de otro instructor habilitado nacional, tesorero de otro ayuntamiento de la provincia, quien después de aceptar, renunció a ser instructor por tener interés personal y profesional en el asunto, tiempo que también consumió plazo de caducidad ya que el expediente arrancó con ese primer nombramiento».
Así las cosas, el alcalde informó ayer que va a remitir un escrito de protesta por lo ocurrido a la Consellería de la Presidencia, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que legisla y tiene la competencia sobre el estatuto de los habilitados nacionales, y al Colegio Provincial de Alicante de Secretarios, Interventores y Tesoreros, que es el que propuso al interventor instructor, a petición de la Consellería de Presidencia.
Y es que, concluyó Asencio, «la ley tal y como está ahora deja indefensos a los ayuntamientos ante funcionarios habilitados nacionales que pueden abusar de sus prerrogativas y potestades legales, que son muchas, quienes se benefician de un régimen de impunidad y aunque afortunadamente la inmensa mayoría cumple correctamente con sus cometidos, con la actual legislación se protege a aquéllos pocos que abusan de sus potestades e incumplen con su estatuto».
Causas
El expediente que acaba de caducar sin resolución se abrió por la denuncia que presentó el alcalde, y en la que aseguraba que la falta de profesionalidad del interventor estaba paralizando la gestión económica del Ayuntamiento.
Fernando Urruticoechea llegó a Crevillent después de trabajar en el consistorio de Castro Urdiales, donde también tuvo problemas con el equipo de gobierno que acabaron el juzgado. Actualmente ejerce en el Ayuntamiento de Orihuela, donde también está generando polémicas, y acaba de presentar un recurso tras haber sido rechazado para trabajar en el Ayuntamiento de Cartagena.
