«Un amarre privilegiado». Así definió ayer la Policía el lugar que tenía reservado el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi en las instalaciones de Marina Deportiva para su catamarán. La sesión del juicio que sienta al exregidor en el banquillo por fraude fiscal estuvo centrada en la embarcación de éste. Alperi tenía cedido el espacio de manera gratuita para amarrar su barco en la instalación náutica, motivo por el que también está acusado de cohecho impropio. Por ese delito está también acusado el gerente de las instalaciones, Javier Palacio.
El inspector de la Unión de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que investigó los hechos aseguró que ese lugar «privilegiado» en el que estaba amarrada la embarcación tenía acceso directo en coche y, al encontrarse al final de las instalaciones, contaba con más amplitud y espacio para maniobrar al zarpar. El funcionario no pudo precisar si el espacio para aparcar estaba reservado para el exprimer edil o para vehículos de mantenimiento de las instalaciones. Según explicó, en el espacio donde Alperi tenía el catamarán había tres puntos de amarre y una toma de agua y luz. Poco antes de la entrada del catamarán, Capitanía Marítima había instado a Marina Deportiva a que dejara de comercializar el amarre por la instalación de una baliza para señalizar el paso de las embarcaciones.
Las defensas cuestionaron algunos extremos del informe policial, al no indicar que a otros pantalanes también tienen acceso en coche y en los informes fotográficos ni siquiera aparecen los nombres de las embarcaciones.
No interfería
La jefa de Administración del recinto portuario declaró que cuando se les planteó si habría algún problema en que el catamarán de Alperi amarrara allí se les respondió que ninguno, siempre y cuando no interfiriera con la señal de la baliza, ni molestara. La testigo señaló que el gerente, Javier Palacio, había cedido esa zona en desuso al exalcalde por amistad, aunque la embarcación sí pagaba la gasolina y los impuestos correspondientes. A preguntas de las defensas señaló que era habitual que otros usuarios pusieran sus barcos a nombre de sociedades.
También declararon ayer en el juicio otros usuarios de las instalaciones donde dejaba el catamarán Luis Díaz Alperi. Entre ellos se encuentran el podólogo José María San Román, que tenía un barco del mismo modelo de Alperi y por el que pagaba entre 800 y 900 euros al mes por el amarre. Otro de los usuarios del recinto aseguró que paga cerca de 13.000 euros al año por el amarre y por los impuestos. Estos testigos aseguraron haber visto ocasionalmente a Alperi en el recinto portuario y no recordaban a Antonio Solana, el otro propietario de la embarcación.
Otro de los testigos fue la persona que finalmente acabó comprando el catamarán de Alperi por un precio de 480.000 euros. Según dijo, conoció a Alperi y a Solana el día que se cerró la operación y nadie le advirtió de que hubiera nada anormal en la inscripción del barco.
Ayer también declaró Emilio Fernández, propietario de un restaurante que Alperi frecuentaba, y que fue otra de las personas que le adquirió hasta 2.000 euros en décimos de lotería para el Gordo de Navidad en diciembre de 2007. El exalcalde justifica en la venta de décimos los ingresos de origen desconocido que le atribuye la Agencia Tributaria. Fernández aseguró que es habitual que entidades festeras y conocidos le dejen décimos para vender en su restaurante.
