Los peritos de la Agencia Tributaria sostuvieron ayer ante el juez que el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, simuló negocios y manejó fondos ocultos para hacer opacas al fisco sus ganancias patrimoniales y deducirse gastos que no le correspondían. Díaz Alperi está acusado de tres delitos de fraude fiscal por importe de 682.651 euros durante los ejercicios 2007, 2008 y 2010 y por los que la Fiscalía reclama nueve años de cárcel. Junto a Alperi se sientan en el banquillo los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno, que le habrían ayudado a cometer esos delitos. También se acusa a Alperi de cohecho impropio por no haber pagado por atracar su barco gratis en las instalaciones de Marina Deportiva, delito por el que se acusa también al gerente de las instalaciones Javier Palacio.
Tres son las operaciones supuestamente fraudulentas denunciadas por Hacienda: el pago de una deuda tributaria de Alperi por parte de una empresa; la adquisición de un catamarán; y los cambios dentro de la sociedad que sobre el papel era la propietaria de la embarcación. Los peritos de la Agencia Tributaria aseguraron ayer que el dinero obtenido por Alperi en esas operaciones eran «ganancias patrimoniales» que tenía que haber declarado al fisco. Las cantidades presuntamente defraudadas por Alperi en estas tres operaciones son 445.000, 144.000 y 32.000 euros respectivamente.
Cuatro horas
La declaración de los tres peritos de Hacienda que investigaron estas operaciones centraron toda la jornada del juicio ayer. Los tres fueron interrogados de manera conjunta desde las diez de la mañana hasta poco después de las dos de la tarde. Dos de ellos fueron expresamente impugnados por algunas de las defensas y para decidir si se admitía su declaración el juzgado tuvo que celebrar una vista el pasado mes de marzo. Las defensas desplegaron su artillería en un intenso interrogatorio para tratar de cuestionar sus conclusiones y sostener que algunas de ellas eran suposiciones sobre las que no se hizo ninguna comprobación.
La primera de las operaciones bajo sospecha es la aportación de un aval en el año 2007 con el que Alperi saldó una deuda tributaria de un millón de euros que abonó la mercantil Taller de Contabilidad. Los funcionarios de Hacienda tildaron ayer la operación de «deuda simulada». Según explicaron, «Taller de Contabilidad no tiene intención de cobrar esta deuda» y sólo hacen algún movimiento para reclamarla en el momento en que se abrió la inspección que desembocó en este procedimiento penal en el año 2012. Los funcionarios de Hacienda descartaron que dicho aval fuera una donación, tal y como se había declarado la operación.
Los otros dos delitos fiscales están relacionados con la compra del barco del exalcalde, adquirido por 852.000 euros y que se puso a nombre de la mercantil Andrax Business, cuyos socios eran Alperi y su amigo Antonio Solana. La mitad del dinero se pagó con un crédito y, sobre el papel, los dos socios de la mercantil aportaron el resto. «Los movimientos de cuentas reflejaban que el barco estaba siendo pagado por Antonio Solana, pero era Alperi quién realmente lo utilizaba», explicaron. Los peritos de la Agencia Tributaria señalaron que el dinero pagado por Alperi por la embarcación Akra 1 ascendía a 150.000 euros, de los cuales 37.500 euros eran de procedencia no justificada. Para los técnicos de Hacienda la empresa era una sociedad instrumental creada para ocultar que Alperi era el propietario de la embarcación. En este punto el abogado de Alperi incidió en que las cifras expuestas por los peritos no cuadraban y que realmente los dos socios pagaron a medias las cantidades por la adquisición de la embarcación.
Participaciones
La tercera operación bajo sospecha es la venta de las participaciones de la sociedad Andrax Bussiness por parte de Solana a Alperi, por la que el exalcalde pasa a ser el propietario de la sociedad. Como el barco es el único bien de la mercantil, Solana paga un 25% del valor del barco a Alperi y posteriormente el otro 25% que se destina a cancelar el crédito.
Los funcionarios de Hacienda dudaron la realidad de las operaciones y sostuvieron que el dinero pagado finalmente fue superior al de la adquisición. También cuestionaron la realidad de la venta de las participaciones de una sociedad «que no tenía ningún valor».
