Los vecinos del entorno del Puerto denuncian que el informe del Puerto y el Ayuntamiento de Alicante sobre la contaminación de los graneles no tiene validez ya que el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, encargado del informe, no está acreditado, según la Plataforma, por la Conselleria de Medio Ambiente para realizar las mediciones. La Plataforma de Afectados ha solicitado al Rectorado que le remita los contratos que ha suscrito con el Puerto y el Ayuntamiento de Alicante para medir la emisiones.

Los vecinos insisten en el mes de marzo y el pasado abril han seguido produciéndose emisiones de partículas contaminantes al cielo de Alicante debido al movimiento de graneles, algo que rechazan la Autoridad Portuaria y las empresas estibadoras que mueven cemento y clíncker, los materiales más polémicos. El Puerto tiene permiso del Consell para continuar con la actividad mientras se construye la nueva terminal con naves cerradas en el muelle 17.

Nuevo pulso en el movimiento de graneles en Alicante. La Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas del Puerto ha remitido un escrito al rector de la Unversidad de Alicante en el que le pide la documentación sobre el acuerdo firmado por el Departamento de Ingeniería Química y la Autoridad Portuaria para la realización del informe sobre la contaminación de los graneles cuyos resultados se hicieron públicos en el último consejo de administración del Puerto la semana pasada.

La plataforma, de la que forman parte asociaciones de padres de alumnos, colegios, vecinos, ecologistas, comunidades de propietarios y la organización de consumidores José María Mena, asegura que el departamento de Ingeniería Química no figura en el Registro de Entidades Colaboradoras en Marteria de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente lo que, según entienden, resta valor oficial al informe que minimiza el impacto del movimiento de graneles.

La plataforma recuerda al rector Manuel Palomar que espera desde el pasado 18 de julio de 2017 que le remita la información sobre los convenios. “Estamos hablando de un problema tan grave como es el de la salud de las personas, entre ellas más de 5.000 escolares por lo que si la Universidad a la que usted representa no entrega la documentación adoptaremos las actuaciones legales pertinentes”, subraya ayer José Manuel Santamaría, portavoz de la plataforma.

En el informe remitido a la Universidad, los vecinos recuerdan que desde 2009, cuando se produjeron informes de la Guardia Civil y el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Valencia advirtiendo del poder contaminante de la emisión de partículas por los graneles, se han venido haciendo públicos muchos informes que, según la Plataforma, avalan sus movilizaciones.

En 2014, a raiz de una denuncia del director del IES Bahía de Babel, el Seprona investigó “y determinó contaminación por clíncker de cemento y cocke de petróleo procedente del Puerto”, apuntó ayer Santamaría. En 2017, el laboratorio G-Agua “acreditado por el Consell, realizó un estudio en el colegio Benalúa con medidores y captadores de partículas de última generación en el que demostró la existencia de contaminación superior a los parámetros legalmente establecidos”. Ese mismo año, según la Plataforma, el perito Carlos Arribas realizó un informe avalado por el Tribunal Superior de Justicia, en el que también quedaba demostrada la contaminación.

En la misiva, la Plataforma recuerda las saciones impuestas por la Conselleria de Medio Ambiente y el auto del TSJ de la Comunidad Valenciana que paralizó el movimiento de graneles. Hoy autorizado por la Generalitat con una serie de medidas a cumplir, mientras llegan las naves.