Las naves que debe construir el Puerto de Alicante en el muelle 17 para cumplir con los requisitos de la autorización ambiental que le ha permitido reanudar el movimiento de graneles reúnen todas la características para convertirse en un nuevo foco de polémica en Alicante, ya que la altura no será inferior a los 23 metros, el equivalente a un edificio de ocho plantas, según pretende el Puerto. Las naves sobrepasarán la altura de los silos que se utilizan para cemento y cuya construcción generó controversia en su día, obligando los vecinos a rebajar la altura inicial prevista.
La construcción de los silos cerrados para mover cemento en el muelle 21 ya fue polémica hace casi diez años cuando se proyectaron con un altura de 55 metros, que redujo primero a 38 y después a 20 metros. Un juez zanjó el asunto confirmando la legalidad de los silos y rechazando la demanda presentada por los vecinos. La sentencia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 validó la licencia de obra que el Ayuntamiento le concedió en 2008 a la mercantil Cemex y descartó, incluso, que la actividad afectara al entorno de la isla de Tabarca, así como que incumpliera la normativa sobre contaminación. Los vecinos pedían la nulidad de la autorización al considerar que no siguió los trámites al no realizarse un Estudio de Impacto Ambiental.
Hoy, según la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente -en la que ha ratificado la multa de 70.000 euros impuesta en octubre al Puerto por incumplir las medidas de prevención -aunque cabe recurso-, la Autoridad Portuaria tiene que presentar el proyecto constructivo de las naves antes de que finalice el mes de febrero. Hoy por hoy, las únicas naves cerradas similares a las que se piden para el Puerto de Alicante son las de Santander, que miden 45 metros.
El tema fue objeto de debate en el último consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, donde se llegó a emitir un vídeo con la «solución Santander». Una decisión, la de las naves, que ha desatado también otras dudas en el seno de la comunidad portuaria de Alicante, ya que el muelle elegido es el 17, el de mayor calado y que con las naves y su dedicación exclusiva a los graneles se cerrará definitivamente a otros tipos de tráfico, lo que aumentará la dependencia del Puerto al movimiento de granel. Según el Puerto, la desaparición de esta carga acarrearía pérdidas anuales de 40 millones de euros y la destrucción de 500 empleos directos.
De momento, el presidente del Puerto sigue buscando inversores privados para las naves, ya que el Gobierno ha dejado claro que la financiación de las infraestructuras debe ser privada, lo que deja sin efecto la resolución de las Cortes cuando el pasado noviembre PP, PSOE, Compromís y Podemos aprobaron en noviembre por unanimidad una propuesta del grupo Compromís en el que instaban al Consell a que exija al Gobierno central que instale en el Puerto de Alicante las naves cerradas. La propuesta fue aprobada con los votos a favor de todos los partidos a una iniciativa defendida por la diputada eldense Cristina Rodríguez, que pide que el movimiento de granel se realice como el Puerto de Santander, ciudad que logró una terminal especial siendo alcalde Íñigo de la Serna, actual ministro de Fomento. La terminal de Santander cuenta con naves de 45 metros de altura, que observaron los consejeros en un video que se pasó en la reunión del consejo de administración del pasado viernes.
Por otro lado, el diputado de Podemos Txema Guijarro, presentó ayer varias preguntas al Gobierno sobre el tema de los graneles y, en concreto, sobre los compromisos del Ejecutivo, fechas y si piensa recurrir al Fondo de Compensación Interportuario para financiar una obra de la que, de momento, nadie ha avanzado cifras de costes.
El Parlamento Europeo abrió en noviembre una investigación sobre la contaminación que generan en el entorno del Puerto, en concreto en un radio de 500 metros desde los muelles 13, 15 y 17, los trabajos de carga y descarga de graneles. La Comisión de Peticiones admitió entonces a trámite la denuncia de la Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas de Graneles, que en un informe remitido a Bruselas el pasado 29 de abril denunció que el movimiento de graneles incumple varias directivas europeas relativas a la contaminación, entre ellas la 96/62/CE del 27 de noviembre de 1996 y provoca un impacto grave en la salud de los vecinos.
Presión en Bruselas
El eurodiputado por Equo/Compromis, Florent Marcellesi, se ha comprometido con la Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas de Graneles en el Puerto de Alicante a presionar a Bruselas para que no deje de investigar los casos de contaminación que se produjeron a finales de año en el entorno del Puerto de Alicante en los trabajos de carga y descarga de graneles, en concreto polvo de clíncker. Marcellesi comprobó en un visita a Alicante las mediciones que se recogen en el colegio Benalúa, a escasos 500 metros de los muelles donde se mueven los graneles, justo un día en el que se vulneraron los límites máximos.
