La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, firmó a primera hora de la tarde de ayer la orden por la que autoriza de manera oficial el envío de 60 hm3 de agua del Tajo al Segura hasta junio, tal como le había planteado la comisión de explotación del trasvase.
El caudal llegará a razón de 20 hm3 al mes a partir de este mismo abril, y la única condición que pararía el trasvase es que la reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía baje de los 400 hm3, tal como fija la legislación que permite ahora abrir el acueducto tras su cierre en mayo de 2017.
Ayer, los embalses almacenaban 475 hm3 y los técnicos consideran inviable que el nivel pueda descender por debajo de la «línea roja». La orden se firmó ayer y hoy se ha publicado en el BOE, con lo que la apertura será inmediata.
García Tejerina cumple así con la ley y hace caso omiso a las presiones que viene recibiendo desde hace unas semanas -incrementadas ayer- para que frene o reduzca la cantidad de agua a trasvasar a Alicante y Murcia. Castilla-La Mancha prepara una nueva batalla judicial, y ya se han producido concentraciones y declaraciones como la del secretario general del PSOE castellano-manchego, Sergio Gutiérrez, quien exige «unidad de acción contra una decisión injusta, excesiva e innecesaria. Ha llegado el momento de plantarse, no caben ni quejas ni lamentos».
Ayer siguieron las críticas en Castilla-La Mancha, comunidad que recibió el apoyo explícito de Ecologistas en Acción, que mostró su rechazo al nuevo trasvase de 60 hm3 desde el Tajo al Segura, asegurando que la decisión «pone en riesgo la satisfacción de las demandas de la propia cuenca del Tajo, anteponiendo las demandas sobredimensionadas y especulativas de Murcia, Alicante y Almería. La ministra se pliega a los intereses económicos».
Por su parte, El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, volvió a cargar contra el trasvase. «Se enfrenta a un pueblo contra otro y todo ello mientras la desaladora de Torrevieja funciona al 30% y la de Carboneras está parada. «Es insultante que se apruebe un trasvase triple a la primera gota que ha caído tras meses de sequía», criticó el mandatario socialista.
La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, dio la «bienvenida» a la llegada de agua del Tajo al sur de la provincia de Alicante pero, al mismo tiempo, instó al ministerio a abordar de forma decidida soluciones sostenibles para el déficit hídrico de la Comunidad Valenciana. Desalación y reutilización.
Asaja, por su parte, señaló que la cantidad es insuficiente.
Los trasvases de agua, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, se autorizan en cumplimiento de la normativa vigente y de acuerdo a la propuesta realizada por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura el pasado día 3.
La Comisión técnica, responsable de aplicar las reglas de explotación del acueducto, ha tenido en cuenta, a la hora de fijar los volúmenes a transferir, la situación excepcional en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo, que actualmente están a nivel 3, así como la previsión de aportaciones, los valores de consumo de referencia y desembalses necesarios para atender a la cuenca cedente, en función de los parámetros definidos en las reglas de explotación del trasvase fijadas en el Real Decreto 773/2014.
De acuerdo con la Ley de Evaluación Ambiental, los trasvases son legalmente posibles, desde el pasado 1 de enero, en tanto las reservas de los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) no están por debajo del umbral de 400 hm3. El pasado 1 de abril, referencia para la propuesta de la Comisión técnica, los embalses almacenaban 463 hm3 de agua y, en la actualidad, es de 477,60 hm3.
El pasado 1 de enero terminó el periodo transitorio de cinco años, establecido en la citada Ley, que ha ido elevando progresivamente el nivel de agua que tenían que tener almacenada los embalses de cabecera para poder autorizar un trasvase, que ha pasado de los 240 hectómetros cúbicos en los que estaba establecido el límite antes de 2013 a los 400 hm3 actuales, por debajo de los cuales no se pueden autorizar trasvases.
Una medida destinada a garantizar los derechos de la cuenca cedente y que sitúa el umbral mínimo de reservas de agua necesario para autorizar un trasvase en su nivel más alto desde que se aprobó el trasvase hace 39 años.
