El procesamiento del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, en el caso del fraccionamiento de facturas cuando dirigía el área de Comercio que le deja a un paso de sentarse en el banquillo, es otro jarro de agua fría para un sector, el del pequeño comercio, que sospecha que el recorte del presupuesto municipal para el área en un 40% este año, tiene que ver con el escándalo judicial. Desde el sector empresarial lamentan esta situación porque afecta a la imagen de Alicante como marca y, en cadena, perjudica también a la economía. Los representantes vecinales, por su parte, reclaman sin ambages la dimisión del regidor alicantino, mientras que los sindicatos piensan que es una decisión de Echávarri y de su partido.

«No salimos de una y entramos en otra. La imagen que se da de Alicante con su alcalde procesado es nuestra gran preocupación porque perjudica a todos, y a los empresarios más que a nadie». Francisco Gómez, presidente de la Empresa Familiar, cree que es el momento de decir «Ya vale. Ya basta», por el daño que se provoca a la marca Alicante.

Propone que los partidos hagan como el sector empresarial a la hora de elegir a los representantes. «Que vean antes los perfiles y hagan una especie de examen, como cuando elegimos a un directivo. Deben tener más cuidado para que se hagan las cosas bien sin más», concreta, «sin necesidad de que se lleguen a lucrar».

El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, entiende que «es un tema significativo e importante porque hablamos del alcalde de la capital de la provincia», pero defiende la presunción de inocencia. «Siempre hemos mantenido la misma opinión respecto a las acusaciones a cualquier político o gestor público. Vivimos en un Estado de Derecho que en los últimos meses ha dado importantes muestras de su firmeza, hay que confiar en la justicia manteniendo el principio de presunción de inocencia». Sobre si debe o no dimitir, señala el presidente cameral que cada partido marca su línea roja, «así que deben ser sus códigos éticos o reglamentos internos los que determinen las decisiones que se deben adoptar, aunque esta situación no es buena para la estabilidad del Ayuntamiento», concede.

«¿Ha de pagar el sector posibles errores reduciendo el presupuesto? ¿Por qué se rebaja?», se pregunta Vicente Armengol, vicepresidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, entidad que engloba a una quincena de asociaciones de pequeño comercio y a más de 4.000 establecimientos. «No estoy en política, defiendo a mi sector y todo lo relacionado con ello. Sigo diciendo que se hizo una gran campaña de apoyo al comercio. Si debe dimitir o no el alcalde, es algo que ya recae sobre su conciencia y en lo que los estatutos de su partido puedan decir al respecto», afirma.

Desde la Federación de Empresarios y Comerciantes Fecoema, que engloba a otra quincena de entidades de barrio, Mari Ángeles Cinos se moja para defender la presunción de inocencia de Echávarri. «Hasta que la juez no diga que es culpable y queden demostrados los hechos, no se debe condenar a alguien. Hacer juicios paralelos es peligroso. Eso sí, si estuviera en el puesto de él ya me habría ido porque es un gran desgaste. Si es culpable debe pagarlo pero, ¿y si no? Vivirá con el estigma toda la vida y no es justo. Si es inocente eso queda ahí».

Los vecinos son más rotundos: Echávarri debe marcharse. «Tal y como está el gobierno municipal cualquier alternativa es mejor de la que hay. Así no podemos seguir, no tenemos interlocutores, esto está desquiciado. Este señor no tenía que haber dado lugar a llegar esta situación, garrapateando para quedarse. Tenía que haber sido consecuente con lo que él mismo pidió antes sobre otra gente que se encontró en una situación como él ahora». Es la opinión de José María Hernández, que representa a una docena de asociaciones vecinales. «Tendría que haberse marchado cuando la juez admitió a trámite la denuncia o como mínimo haberse apartado de la Alcaldía, pero no quedarse por encima de todo el mundo. Si la juez sigue la misma línea que al principio, tiene los días contados. Malo para él, pero cuando uno está en política, debe asumirlo. Dejar la Alcaldía es lo que tiene que hacer», añade Hernández.

De la misma opinión es Alcázar Moreno, representante vecinal del Centro Tradicional. «Ya ha llegado a la línea roja que él mismo se puso y hasta la ha podido traspasar. La ciudad no merece un alcalde sentado en el banquillo así que exigimos su inmediata dimisión porque no es digno de representarnos». Dice que el daño es doble «porque tenemos alcalde y asesor», por Lalo Díez, y se le viene a la cabeza «el daño que ya hizo la popular Sonia Castedo».

También citan desde los sindicatos a la exalcaldesa, aunque coinciden en que la dimisión es decisión de Echávarri y de su partido. La secretaria general de UGT de Alicante, Yaissel Sánchez, considera que no daña la imagen de Alicante más de lo que ya está desde lo ocurrido con Sonia Castedo, «que fue mucho más grave».

CC OO opina que la transparencia política es clave. «Los partidos deben hacer un esfuerzo por transmitir una imagen de limpieza, es especialmente importante», señala José María Ruiz Olmos, secretario de Organización del sindicato, quien considera que si debe dimitir o no «es la responsabilidad política y personal de la máxima autoridad de Alicante. Es un asunto de su partido el que cumpla con su código de ética y transparencia. El PSOE verá lo que tiene que hacer con un alcalde del que se ha confirmado su procesamiento pero, tras todo el espectáculo que ya hemos tenido en los medios a nivel nacional, es hora de que se priorice el interés de la ciudad y su visibilidad».