Cinco meses sin completar la documentación necesaria para que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) se pronuncie sobre la tramitación administrativa de las facturas de la Concejalía de Comercio por las que el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha acabado procesado por presunta prevaricación por un supuesto fraccionamiento de contratos.
Fuentes del órgano de la Generalitat Valenciana señalaron ayer que se «requirió» al Ayuntamiento de Alicante el pasado 28 de septiembre para que «completara el expediente remitido». Sin embargo, hasta la fecha, «no se ha cumplimentado», lo que impide al Consell Jurídic Consultiu pronunciarse sobre un proceso que, en los juzgados, investiga el posible fraccionamiento de contratos tras la denuncia presentada por el PP en Fiscalía y a la que Ciudadanos se sumó posteriormente en los juzgados. Echávarri, junto a su jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor municipal Pedro de Gea, están a la espera de que la Audiencia Provincial responda a los recursos presentados sobre el auto de procesamiento dictado el pasado mes de noviembre por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante.
El Ayuntamiento, en un acuerdo de la Junta de Gobierno entonces integrada por el tripartito, decidió elevar el expediente al Consell Jurídic Consultiu ante las discrepancias existentes entre el interventor municipal y los servicios jurídicos. Sin embargo, ese procedimiento de consulta que se inició a principios del pasado mes de abril aún está a la espera, ya que según aseguran desde el Consell Jurídic Consultiu, el Ayuntamiento de Alicante no ha remitido todavía la documentación necesaria para que el pleno elabore un dictamen que, de ser negativo, podría dificultar aún más el futuro judicial del alcalde. Desde la institución de la Generalitat Valenciana sostienen que, a finales del pasado mes de septiembre, se le dio al Ayuntamiento de Alicante un plazo de diez días para que respondieran al requerimiento. Sin embargo, el gobierno local, según las mismas fuentes, solicitó una «ampliación del plazo por tener en esos momentos una carga de trabajo excesiva». Cinco meses después del requerimiento del Consell Jurídic, según la institución autonómica, el Ayuntamiento aún no ha enviado la documentación necesaria para la elaboración del dictamen. Ante ese escenario, el Consell Jurídic, que evitó ayer entrar en más detalles sobre el asunto, anunció que requerirá de nuevo al ejecutivo de Echávarri que complete la documentación sobre los contratos de Comercio.
