¿Cómo puedo pagar tanta luz si no estoy casi en casa? Esta pregunta que usted y yo nos hemos hecho tantas veces y que nos hace pensar a todos que nos costaría más barato pasar el invierno en Honolulú es el argumento que dan quienes deciden aliviar su monto mensual defraudando a las compañías eléctricas. Hackear el sistema, engancharse ilegalmente al vecino o manipular el contador para reducir el consumo. Estas prácticas generalizadas en la provincia están recogidas en el Código Penal y, en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida, pueden constituir un delito, con las responsabilidades que ello conlleva. Y para colmo -si usted todavía se lo sigue planteando- corre el riesgo de que lo pillen, posibilidad nada improbable teniendo en cuenta que los nuevos contadores inteligentes cuentan con más sistemas de seguridad y alarmas.
Las compañías eléctricas abrieron alrededor de 8.200 expedientes por fraude en la provincia durante 2017, la mayoría por parte de Iberdrola y, en menor medida, por diferentes cooperativas de la zona. Comparando estos datos con los de 2016, las irregularidades en la red han aumentado un 28%. De un total de 35.964 inspecciones realizadas por Iberdrola, 8.189 fueron fraudulentas, mientras que en 2016 se detectaron 5.941. Respecto a la Comunidad Valenciana, esta empresa realizó durante 2017 un total de 110.103 inspecciones y se abrieron 22.861 expedientes por irregularidades. En 2016 se detectaron 21.546 situaciones anómalas tras realizar 112.613 revisiones.
El 96,8% de la energía defraudada detectada por Iberdrola durante el pasado año se dio principalmente en el sector residencial de gran consumo, en el sector servicios y en el industrial. Únicamente el 1,2% de la energía defraudada se localizó en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad.
Uno de los casos más significativos es el de los Palmerales de Elche, donde los enganches ilegales de luz en viviendas ocupadas se han convertido en una práctica habitual que ha llegado a movilizar a Ayuntamiento y Generalitat, lo que ha llevado a la empresa suministradora a cortar el servicio en momentos puntuales.
Como consecuencia del más que notable aumento de los casos de engaño, las empresas eléctricas han desarrollado labores de detección y regularización de estas situaciones. Para localizar las estafas se tienen en cuenta distintos tipos de parámetros como disminuciones repentinas y significativas de consumos o con carácter puramente aleatorio. Cuando la empresa distribuidora detecta alteraciones del contador informa directamente al cliente mediante varias cartas en las que se le indica el importe de la refacturación y se le informa de que su empresa comercializadora se lo volverá a cargar en el recibo. La refacturación no supone una multa y la posible constitución de un delito lo atribuyen los juzgados en los casos en los que hay denuncias.
Las compañías han querido recordar que las conexiones ilegales a la red y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad de las personas ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios. Además, advierten de que el engaño en el fluido eléctrico tiene como consecuencia el encarecimiento del precio de la electricidad para todos los consumidores, ya que la energía consumida ilegalmente por los usuarios acaba siendo repercutida al sistema y ha de ser soportada entre todos.
Cometer un fraude no es de lejos la mejor solución y puesto que el margen para el optimismo es prácticamente nulo porque la energía doméstica no tiene visos de abaratarse, existen una serie de recomendaciones de ahorro como cocinar de manera eficiente o hacer un uso reducido de determinados electrodomésticos que, aunque parezcan obvias, pueden reducir la factura hasta un 40% para conseguir que su bolsillo pueda recuperarse de las consecuencias del invierno.
