La Conselleria de Urbanismo ha modificado a la baja el suelo a proteger del ladrillo en la franja litoral de la provincia y, finalmente, serán 2.900 hectáreas las que se blindarán, el 85% suelo que está calificado actualmente como no urbanizable. En total, el documento final del Pativel protege en la Comunidad un total de 7.600 hectáreas de las que el 38% se localizan en la franja costera de la provincia de Alicante. Lejos de las 12.000 hectáreas, unas seis mil en Alicante, que se pretendían blindar en el documento oficial cuando se presentó el primer borrador en 2016.
Expertos reunidos ayer en la sede de la Universidad en la ciudad de Alicante para analizar el posible impacto que tendrá el Plan de Protección del Litoral sobre la franja costera de la provincia, aplaudieron la iniciativa pero alertaron de que el documento tiene fallos que debieran corregirse. Se necesita un análisis serio sobre su repercusión en el turismo, según apuntó el profesor de la UA y experto en Urbanismo, Armando Ortuño. En concreto, los efectos económicos negativos que puede tener la anulación de planes urbanísticos planificados.
Por su parte, Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, trasladó que la organización conservacionista considera clave que se ponga coto a la especulación urbanística que sufren los suelos litorales desde los años 70, calificó el Pativel de una herramienta necesaria pero consideró que debe completarse con otras medidas como, por ejemplo, la protección de las zonas inundables litorales, tanto las previstas como las urbanizadas que sufren, en su mayoría, canalizaciones para autorizar sus desarrollos urbanísticos.
El profesor Armando Ortuño trasladó, por su parte, su felicitación a la Consellería por haber iniciado el debate sobre la planificación de los espacios litorales. «El trabajo medioambiental es bastante riguroso y certero pero, en mi opinión, podría enriquecerse con otros aspectos que nos ayudarían a una mejor toma de decisiones en zonas costeras». En concreto, Ortuño reclamó que se contemplen los efectos económicos de la suspensión de determinados planes urbanísticos, y la mejora de los espacios turísticos, con el posible incremento del gasto turístico como consecuencia de la no ejecución de esos planes. El Ortuño apeló también a realizar un análisis más detallado de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, en su caso, como consecuencia de la desclasificación de suelos urbanizables «puesto que las indemnizaciones podrían ser millonarias»-
El urbanista exigió un análisis del mercado inmobiliario pormenorizado, puesto que las demandas son muy diferentes entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana e, incluso, entre las comarcas. «Por otra parte, en los futuros proyectos urbanísticos se deberían incorporar cuestiones sociales considerando a las comunidades locales como recursos activos del territorio en lugar de pasivos como hasta la fecha, es decir, que se favorezca una auténtica integración social más allá de los preceptivos procesos de participación pública».
