Sin competencias ni sueldo. Así puede verse el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, si sus socios de gobierno, Guanyar y Compromís, consiguen sacar adelante la propuesta de modificación del Reglamento Orgánico de Pleno (ROP) que plantearán durante la sesión ordinaria del 28 de diciembre para que se retire el salario y las responsabilidades políticas a los concejales investigados por causas de corrupción o en situación de procesamiento judicial por cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas.
Actualmente, Echávarri está procesado por el presunto fraccionamiento de facturas en el área de Comercio, y es investigado por el despido de una interina, cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala, lo que motivó que sus socios rompieran el tripartito al negarse a dimitir.
Guanyar presentará una moción para que se constituya una comisión no permanente o específica de Pleno que trabaje en esa línea, que, como recordó ayer el edil de la formación Víctor Domínguez, se consideró una prioridad en el pacto de gobierno que firmó el ya extinto tripartito al inicio de la legislatura. «En su momento insistimos al PSOE y a Compromís en que no era complicado llevarlo a cabo pero al final se paralizó. El alcalde nos pidió a los grupos que hiciéramos las propuestas por escrito pero nunca más se supo y desconocemos las intenciones que tiene el PSOE (que ahora gobierna en solitario) sobre esta reforma», dijo ayer Domínguez.
El objetivo de la moción firmada por el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, es «recuperar el mayor consenso posible en las reglas que marcan el funcionamiento del Pleno y garantizar un mayor carácter democrático; la reducción de toda competencia directa del alcalde o alcaldesa que no esté recogida en la legislación vigente; la retirada de competencias y sueldo que ostenten los concejales o concejalas investigados por causas de corrupción; los derechos de la oposición para que pueda ejercer su labor y la participación de la ciudadanía en los órganos de decisión municipales». La formación pide que la comisión se cree 20 días después de ser aprobada por el Pleno, y que concluya su trabajo en un plazo de dos meses, que sea pública y se levante acta de sus conclusiones.
Guanyar considera que es una cuestión urgente «porque la reforma que hizo el PP en septiembre de 2015 fue para dar más poder a la entonces alcaldesa (Sonia Castedo) y dejaba a su discrecionalidad los medios y las maneras de hacer oposición».
Compromís presenta una moción para que se modifique en la misma línea el Reglamento Orgánico de Pleno, algo que «se hace patente que es necesario actualizar más que nunca», señala su portavoz, Natxo Bellido.
«Juego perverso»
Según la formación, el problema es la inexistencia de una clara separación de la responsabilidad política desvinculada de la penal. «Si los representantes públicos aceptasen esa responsabilidad política sin esperar a una condena para apartar a alguien o apartarse del cargo, no se daría ese juego perverso», sostienen. «Al separar claramente la responsabilidad política de la judicial, los lentos tiempos de la investigación en los tribunales continuarían fuera de los focos mediáticos».
Bellido afirma que los concejales deben guardar lealtad a la institución a la que sirven y «en el ejercicio de sus funciones y competencias deberán actuar de forma ejemplar y en ningún caso adoptarán conductas o actitudes que puedan perjudicar su imagen sino , en todo caso, contribuir a su prestigio y dignidad».
