El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y la nueva concejala de Urbanismo, la socialista Eva Montesinos, han dado instrucciones a los técnicos del departamento gestionado hasta ahora por Miguel Ángel Pavón (Guanyar) para «acabar con la parálisis» denunciada durante este mandato por el sector de la construcción y colegios profesionales de Alicante.
Apenas unos días después de asumir el mando de Urbanismo, tras la decisión de Guanyar de seguir el camino iniciado por Compromís y abandonar el equipo de gobierno el pasado miércoles ante la negativa del socialista Echávarri a dimitir, el alcalde se ha marcado como «prioridad» reactivar antes de final de año una de las concejalías clave del Ayuntamiento. Con ese objetivo, los técnicos ya trabajan en implementar modificaciones en la tramitación de las licencias de obras mayores y menores, además de los permisos para el inicio de la actividad de los negocios, para impulsar la actividad económica en la ciudad.
Fuentes de la Concejalía de Urbanismo aseguran que se está ultimando un plan para promover la concesión de licencias acortando los plazos que se han manejado hasta la fecha. En concreto, la iniciativa impulsada por Echávarri, y cuya ejecución queda en manos de Montesinos, pasa por responder a las peticiones de obra mayor en un periodo de 30 días. «La ley sostiene que, si el Ayuntamiento no ha contestado en dos meses, se entiende respuesta negativa, lo que abre el camino a acudir a la justicia a través de un contencioso, lo que dilata el inicio de la construcción. Ahora, queremos que la respuesta se produzca en 30 días como máximo», señalan fuentes de Urbanismo, que explican el modo en el que se pretende actuar en cuanto se introduzcan los cambios en el día a día del área. Tras la solicitud de permiso para obra mayor, el Ayuntamiento «informará» al solicitante en un plazo no superior a un mes, que podrá ser con la concesión directa de la licencia o con un informe en el que se reclama la subsanación de deficiencias del proyecto. «Es decir, si el expediente que se adjunte con la petición de licencia es correcto, en un mes se contará con el visto bueno del Ayuntamiento», continúan las mismas fuentes del área dirigida ahora por Montesinos. Con todo, el objetivo prioritario de la nueva concejala del departamento es poner en marcha un plan de choque para sacar adelante las más de 200 licencias de obra que llevan meses esperando una respuesta por parte de la administración local. En una entrevista concedida a este diario, Echávarri aseguró que hay peticiones de licencias sobre la mesa de la concejalía de Urbanismo desde 2015.
También se prevén introducir cambios en la concesión de licencias de obras menores y de actividad, según reconocen las mismas fuentes del área de Urbanismo. El principal cambio estriba en torno a la figura de la declaración responsable. Según Urbanismo, la concesión de estas licencias será «inmediata», una vez se resuelva el «actual atasco» en la concejalía. «Las peticiones se acompañan de una declaración responsable. Si el peticionario no cumple con lo incluido en el documento, las inspecciones, que se reforzarán, lo detectarán y se le multará», añaden desde el área que queda en manos de los socialistas.
Echávarri, a preguntas de este diario, señaló ayer que «no es ningún secreto» que el área de Urbanismo con Pavón al frente «no funcionaba como es debido». Sobre ese escenario, el alcalde apuesta por «convertir la concejalía en una prioridad tras las constantes quejas de los diferentes sectores y colegios profesionales» durante los últimos meses. Según Echávarri, se va a «trabajar sin descanso para terminar con la parálisis que azotaba Urbanismo». Esa situación le impulsó a decidir el relevo en Urbanismo a finales de septiembre, aunque la decisión de una juez de imputarle por presunta prevaricación paralizó un cambio que el regidor llegó a negociar con el entonces portavoz del tripartito, Natxo Bellido, que en los últimos días también se ha mostrado muy crítico con la gestión de Urbanismo a cargo de Pavón. Hace apenas un mes y medio, los promotores cifraron en 315 millones de euros la inversión retenida por la parálisis en la Concejalía de Urbanismo, que frenaba además la creación de 2.400 empleos en la ciudad de Alicante.
