El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, junto a su jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, han negado hoy ante la juez que hubiera fraccionamiento en la tramitación de 25 contratos desde la Concejalía de Comercio, según han explicado fuentes próximas al caso tras la ronda de declaraciones ante la juez que investiga la denuncia interpuesta por PP y Ciudadanos por posible prevaricación administrativa.
Según las mismas fuentes, el regidor socialista ha afirmado que desconocía hasta el pasado mes de febrero las contrataciones, que se llevaron a cabo a finales de 2016 desde el área de Comercio, mientras estaba bajo su mandato. El alcalde ha comparecido durante unos 40 minutos ante la titular del juzgado de Instrucción 9 de Alicante. A su salida de los juzgados, Echávarri ha admitido que se ha negado a contestar a los abogados de la acusación (PP) en su declaración ante la juez por el presunto fraccionamiento de contratos. "He entrado a declarar en virtud de la denuncia que ha puesto el PP. He respondido a las preguntas de su señoría, del Ministerio Fiscal y de las defensas. A la acusación no, porque por ejemplo no me preguntó en la comisión de investigación, que es un foro político para esclarecer los hechos", ha explicado a las puertas de los juzgados de Benalúa tras comparecer ante la juez.
Cuestionado por las sensaciones tras su declaración en calidad de imputado, Echávarri ha señalado: "Cuando cuentas el relato de lo que ha pasado, estás tranquilo. A partir de ahora, a seguir a disposición de la jueza y del Ministerio Fiscal para apoyar cuantas pruebas sean necesarias si se instruyen más diligencias".
Echávarri, que a su salida del juzgado ha estado acompañado por su jefe de Gabinete, también imputado en la misma causa, ha optado por no responder a las preguntas de los medios sobre "cuestiones jurídicas", alegando que "la causa está abierta".
Las declaraciones ante la juez María Luisa Carrascosa por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio han arrancado en los juzgados de Benalúa a la hora prevista (9.15) con el letrado jefe del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Cordón, en calidad de testigo en un caso en el que se investiga al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, al jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y al asesor de Comercio, Pedro de Gea.
Tras Cordón, y también como testigos, han declarado el abogado municipal Pablo Núñez de Cela, el interventor del Ayuntamiento, Francisco Guardiola, y el entonces técnico de Comercio, Diego Agulló. El técnico ha declarado durante una hora y a su salida ha entrado el portavoz del equipo se gobierno, Natxo Bellido (Compromís), último testigo de la jornada.
Según Bellido, las preguntas que le han realizado las partes "han versado sobre la Junta Local de Gobierno en la que se decide la anulación de los contratos y también sobre el Portal de Transparencia". El edil de Contratación, al salir del juzgado, ha deseado en lo personal "lo mejor" al alcalde y a sus dos asesores: "Estas experiencias son complicadas, incluso yo como testigo me siento raro, y para ellos que vienen en calidad de investigados es un trago "complicado". Respecto al futuro político de Echávarri, a quien sus dos socios le han pedido la dimisión por su imputación por el presunto fraccionamiento de contratos, el líder de Compromis ha subrayado que "por ahora no hay ninguna novedad".
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A las 13.20 horas ha entrado a declarar el alcalde. Echávarri, al que se le investiga por presunto fraccionamiento de contratos, por un valor total de 190.000 euros, que se adjudicaron como menores a finales de 2016, ha llegado al juzgad a las 11.00 horas acompañado de los otros dos investigados. Poco después de las dos de la tarde ha sido el turno para el asesor de Comercio, Pedro de Gea, mientras que el jefe de Gabiente de Alcaldía, Lalo Díez, ha sido, a partir de las 15 horas, el último en declarar.
En la sala de declaraciones, además de la juez, han estado presentes el abogado del PP, Manuel Villar, y los fiscales Anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero, además de las defensas de los imputados. Los populares, en un primer caso, informaron al Ministerio Público de un posible delito por el fraccionamiento de contratos. Posteriormente, el PP elevó la denuncia al juzgado. Después el grupo municipal de Ciudadanos también se sumó a la denuncia.
Dentro de los testigos citados hoy, Cordón ha terminado sobre las 9.45 horas, tras media hora ante la juez en calidad de testigo, y se ha ratificado en las conclusiones del informe jurídico del Ayuntamiento que negaba la existencia del fraccionamiento de contratos. A continuación, ha declarado Pablo Núñez de Cela. Al término de su declaración, el abogado del Ayuntamiento ha asegurado que ante la juez se ha reafirmado en el informe jurídico que redactó, aunque no ha querido concretar los términos de su intervención. Tras los abogados, ha llegado el turno para el interventor, que ha estado una hora ante la juez, y el entonces técnico de Comercio, que también ha estado aproximadamente el mismo tiempo declarando. Por último, Bellido ha cerrado las declaraciones de los técnicos.
