El nuevo curso político en Alicante se ha iniciado con el foco puesto en la basura. En concreto, en la gestión de la limpieza. Y es que la huelga (primero de celo y después de paros parciales) promovida por la plantilla de UTE Alicante ha puesto la limpieza en el primer plano de la actualidad. Esas movilizaciones de la plantilla, tras encallar las negociaciones del nuevo convenio colectivo, propiciaron que el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, recuperase un plan que, por primera vez, puso sobre la mesa a principios de este año, durante un pleno infantil. Entonces se quedó solo en su apuesta por aumentar el coste de la limpieza para mejorar la imagen de la ciudad, convencido de que el actual contrato, firmado por el PP y al que le quedan al menos cuatro años más de vigencia, es insuficiente para que Alicante presente una imagen acorde a su deseo de convertirse en una capital turística de referencia. Estos días, en Compromís, con Natxo Bellido al frente, se han mostrado también receptivos a pagar más. Esa unión provocó tal nerviosismo en Guanyar que precipitó la retirada de las competencias del hasta hace dos semanas concejal de Limpieza, Víctor Domínguez, quien admitía en privado a quien le ha querido escuchar que era imposible encontrar una fórmula para rescindir, por incumplimiento del pliego, el contrato con la empresa concesionaria, participada por FCC, Ferrovial y Enrique Ortiz.Enrique Ortiz
La Limpieza, ahora, está en manos de Miguel Ángel Pavón, quien ya ha insistido reiteradamente en su negativa rotunda a ampliar el servicio. Así, el futuro de la limpieza en la ciudad será, a buen seguro, uno de los asuntos que más crispaciones va a generar en el seno del tripartito. Esa situación de conflicto la asumen todas las partes, aunque no será el único punto de fricción en un equipo de gobierno al que le sobran los retos, pero que (Compromís al margen) cada vez tiene menos voluntad para alcanzar una voz unánime en asuntos de trascendencia municipal.
Las discrepancias también están aseguradas en la anunciada reordenación de veladores, donde Guanyar y PSOE también defienden posiciones distantes. Mientras la marca blanca de EU se rodea de los vecinos de la zona, los socialistas apuestan por defender la economía que genera el sector de la hostería para Alicante. En esto, como en casi todo, los nacionalistas tendrán que decantar la balanza, al igual que han hecho recientemente con la petición oficial a la Generalitat de que el gran comercio pueda abrir todos los días durante la Volvo. Y es que los de Pavón no sólo se opusieron, sino que además criticaron a sus socios por impulsar la organización del principal evento de la ciudad durante este mandato. Sin embargo, los horarios comerciales pueden acabar con Echávarri llevando a los tribunales al Consell, que dirige un bipartido formado por PSOE y Compromís, por no respetar la autonomía municipal en materia comercial. El anuncio ya está hecho, por lo que ya sólo falta que el acuerdo autonómico que promueve la Conselleria de Economía (Compromís), que habla de que la libertad comercial se prolongue entre junio y enero, no se acabe de certificar y que, por tanto, siga vigente la actual resolución, que permite en la ciudad de Alicante sólo la apertura total entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
En el futuro de la Plaza de Toros, de nuevo, Compromís será quien tendrá que desatascar el problema generado con su negativa reciente, junto a la de Guanyar, de prorrogar el actual pliego en las condiciones actuales. Los nacionalistas, que descartan prohibir los toros pese al evidente deseo de la formación que encabeza Pavón, tienen previsto negociar nuevas cláusulas con la concejala socialista Gloria Vara, para llegar a un acuerdo y no poner en riesgo ni los toros ni los conciertos, que mueven millones de euros en la ciudad.
Sobre la mesa del tripartito para este nuevo curso político también se encuentran los cambios en el callejero de Alicante, que están a la espera de la sentencia judicial sobre la retirada de calles franquistas que está a punto de hacerse pública. En esto también ha habido voces discordantes dentro del equipo de gobierno, aunque no en el fondo, donde todos están de acuerdo, pero sí en las formas de llevar a cambio las modificaciones. El PSOE, tras estallar la polémica provocada por la denuncia del PP en el juzgado, admitió que, de ser su competencia (Memoria Histórica lo lleva Compromís y Estadística, Guanyar), lo habrían hecho «de otra forma». En este ejercicio, el penúltimo de este mandato, también se deben abordar asuntos como la Ordenanza sobre Tenencia, Bienestar y Protección de los Animales, que ya pasó el trámite de la Junta de Gobierno con el único voto a favor de la formación que tiene delegadas las competencias (Guanyar) tras la abstención de PSOE y Compromís. El tema, eso sí, pasará por pleno. También se está a la espera de que la Corporación se pronuncie de nuevo sobre el Catálogo de Protecciones, aunque la situación de minoría del tripartito (Pavón no logra el apoyo de nadie de la oposición) puede dejar en el aire un documento clave para el futuro PGOU, del que ya no se espera ningún avance concreto este mandato.
Sin coches y mucho más
Entre los principales retos del alcalde, Gabriel Echávarri, se encuentra el avance en la peatonalización de la ciudad, que empezará con la retirada del tráfico de la avenida de la Constitución, en el entorno del Teatro. En este asunto, Guanyar tampoco está de acuerdo por las molestias que pueda provocar a los vecinos si proliferan las terrazas en la zona. Superada la primera fase, se apostará por la peatonalización de Maisonnave y, como paso más ambicioso y sin un calendario claro, por la ampliación de la Explanada.
Como objetivos durante los próximos doce meses también destacan los avances en el Plan Ciudad que abandera Bellido, los proyectos con fondos europeos (Edusi), la apuesta por la Memoria Histórica con la reapertura del Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Séneca, la creación de un centro de emprendimiento en el antiguo matadero, la habilitación de la Casa de la Festa como espacio municipal tras las obras de remodelación, la compra definitiva de Torre Placia (otra herencia envenenada del PP) o el objetivo de reducir la deuda a la mitad respecto a la que se encontró el tripartito al llegar al gobierno local.
Todos esos retos, envueltos en más o menos polémica interna, sin embargo, estarán condicionados por la posible imputación del alcalde Echávarri, que puede ser acusado por el despido de la cuñada de Luis Barcala (PP) o por el presunto fraccionamiento de facturas en el área de Comercio mientras ejercía unas competencias que ya ha delegado en Gloria Vara. De suceder, de ser señalado por la justicia por presunta prevaricación, los retos, esos proyectos del tripartito, pasarán a un segundo plano y la polémica se circunscribirá sólo a la figura de Echávarri. Ni sus socios, sobre todo Guanyar, ni la oposición le darán tregua alguna.
