El grupo municipal del PP ha presentado esta mañana sus conclusiones a la comisión de investigación por el presunto fraccionamiento de las facturas de la Concejalía de Comercio tras las que concluye que la decisión de llevar ante la justicia el presunto fraccionamiento de facturas fue "una decisión acertada". El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, considera necesario señalar "al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), en concepto de autor material, toda vez que es la persona que procede a la firma y autorización de las facturas consumando el presunto fraccionamiento de los contratos, tal como él mismo reconoció durante el transcurso de las sesiones de la comisión". Echávarri, a finales de 2016, aún estaba al frente de la Concejalía de Comercio, competencias que tras estallar la polémica delegó en la también socialista Gloria Vara.

Además, según Barcala, "se ha hecho evidente la intervención del jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y del asesor de Comercio, Pedro de Gea, en calidad de cooperadores necesarios, en tanto el presunto fraccionamiento de contratos no hubiese sido posible sin la participación de ambos". Los populares además inciden en que "esta participación ha sido reconocida por los dos en la comisión, excediéndose en mucho de sus funciones previstas en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y, por este motivo, solicitamos el cese inmediato de ambos asesores".

Este viernes concluye el plazo dado para la presentación de las conclusiones de la comisión de investigación, cuya última sesión de celebró hace dos semanas, aunque Compromís solicitó ayer que se ampliara el tiempo hasta el próximo martes, fecha en la que regresa de vacaciones el secretario de la comisión.

El PP, tras la primera jornada, decidió denunciar ante el juzgado el presunto fraccionamiento de unos contratos a finales del pasado año por un valor total de unos 190.000 euros. Previamente, había denunciado el presunto delito ante la Fiscalía. "Nos reafirmamos en nuestra decisión de denunciar a Fiscalía, primero, y al juzgado, en un segundo momento, por apreciar la existencia de un presunto delito de prevaricación, en tanto concurren todos los elementos que exige este tipo penal", señala Barcala.

En las sesiones de la comisión de investigación, según el PP, se ha podido comprobar que "la aprobación de las facturas, casi en exclusiva (18 de las 25 facturas), fue realizada por el alcalde quien, a estos efectos y en defecto de expediente alguno de contratación, es quien realiza directa y personalmente o a través de personal de su confianza, los contratos; y así lo reconoció el propio señor Echávarri". Además, continúan los populares en su nota, "se conculca la prohibición de fraccionamiento de contratos, al menos en 13 de las 25 facturas afectadas, entre las que se aprecia una misma unidad funcional que obligaba a formalizar un solo contrato, más aún cuando se contrata con la misma empresa y en fechas muy próximas".