10 de agosto de 2017
10.08.2017

Una mujer de Alicante espera desde hace un año una plaza en salud mental

La familia de una joven con trastorno límite de la personalidad y consumidora de drogas lucha sin éxito con Igualdad para que se le interne

11.08.2017 | 01:14
Blasi Magaña sostiene el auto del juzgado.

Un juez decretó hace un año la incapacidad y ordenó el internamiento en un centro especializado.

Más de un año lleva Blasi Magaña esperando a que su hija, con trastorno límite de la personalidad y un problema de adicción a las drogas, sea ingresada en algún centro para personas con enfermedad mental.

Desesperada, esta madre ya no sabe a qué puerta tocar y la respuesta siempre es la misma. No hay plazas libres en ningún centro público de la Conselleria de Igualdad o concertado en la Comunidad Valenciana y la opción de una clínica privada se les escapa de las manos a esta familia, ya que su coste puede alcanzar los 6.000 euros al mes.

De momento, y tras el último ingreso en el área de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan, la joven ha sido internada en un geriátrico de Valencia, «pero de momento tenemos que pagar nosotros los más de 2.000 euros que cuesta la plaza y ese lugar ni es el adecuado para las necesidades de mi hija ni ofrece las garantías para que no se escape», explica Blasi Magaña.

En septiembre del año pasado el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alicante decretó el internamiento forzoso en un centro de esta joven, de 31 años, quien padece trastorno límite de la personalidad, unido al consumo de heroína, cocaína y cannabis. Dos meses después el mismo juzgado decretaba su incapacidad.

Hasta entonces, la vida de Blasi Magaña había sido un constante batallar con su hija. «No se puede hacer nada por ella, ingresa en el hospital, la estabilizan y a los tres o cuatro meses como se encuentra bien deja las pastillas y vuelve a caer en picado».

En casa las peleas son una constante. «Se vuelve muy agresiva, y en cuanto puede roba y se escapa de casa para comprar droga o se prostituye para conseguirla. La última vez, en julio, estuvo 10 días perdida en Valencia y al final tuve que ir yo a buscarla con un amigo a los suburbios de la ciudad porque la Policía no hace nada».

Y es que las constantes fugas de la joven son un verdadero quebradero de cabeza para la familia. «Al principio la dejaba encerrada en casa, pero ella llamaba a la policía y esta me denunciaba por retenerla, pese a que está incapacitada. Así que no la puedo tener bajo llave, por lo que constantemente se escapa».

Sólo en lo que llevamos de años Magaña afirma que ha puesto 19 denuncias por la desaparición de su hija «y sólo en dos ocasiones la ha encontrado la Policía». El resto ha tenido que ser ella la que se ha preocupado en dar con el paradero de la joven.

«Se escapa para comprar droga, así que voy a buscarla a las zonas en las que sé que hay puntos de venta. Generalmente me siento en el coche y espero a que aparezca. He recorrido ya todos los suburbios de la provincia», lamenta esta madre. En uno de estos episodios, teme, «me da miedo no encontrarla, que le pase algo».

Es tal su grado de agotamiento, que Magaña está pensando en renunciar a la patria potestad de su hija «y que sea la administración la que se responsabilice de ella porque ya estoy al límite».

Aunque el diagnóstico llegó hace cinco años, los problemas comenzaron cuando la joven tenía 16 años. «Entonces se escapó de casa y apareció en Salamanca. Años después nos dijeron que había sido un primer brote de la enfermedad, pero entonces nadie lo diagnosticó y desde entonces no hemos tenido vida». Magaña lamenta, en este sentido, todos los años que pasaron hasta que el trastorno fue diagnosticado.

«Los daños han sido enormes porque desde entonces ella consume droga para tratar de tapar todo el malestar que tiene». En estos años también ha habido varios intentos de suicidio. «Ella es inteligente y es consciente de todo el sufrimiento que tenemos. Me dice que está cansada de luchar y a mí se me parte el alma».

Según explican fuentes de la Conselleria de Sanidad, en estos momentos habría en la provincia de Alicante unas 700 personas esperando conseguir una plaza en un centro para personas con enfermedad mental. Todo pese a que en Sant Joan hay una residencia construida desde hace años y cerrada a la espera de que la Diputación provincial y la Generalitat se pongan de acuerdo sobre quién debe asumir su gestión. Mientras, «los padres estamos totalmente desprotegidos», lamenta Blasi Magaña.

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