Unos 300 edificios de la ciudad de Alicante se quedarán sin protección a partir de mañana, 10 de junio, fecha en la que expira la actual suspensión de licencias acordada inicialmente por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento antes de las últimas elecciones municipales para preservar de la demolición edificios que se pretenden proteger a través del Catálogo de Protecciones tras la fallida revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Entre las construcciones afectadas, el asilo de Benalúa, el barrio de Heliodoro Madrona o la estación de Madrid.
La situación de desprotección para parte del patrimonio cultural de la ciudad se produce porque la Generalitat Valenciana descarta ampliar la suspensión de licencias, tal y como había solicitado el tripartito a mediados del pasado mes de mayo tras un acuerdo adoptado en Junta de Gobierno. El Ejecutivo valenciano, según confirmó ayer el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, «supedita» la prórroga de la suspensión de licencias, que evitaría la posible demolición de los edificios incluidos en el documento, a que el gobierno local consiga aprobar provisionalmente el Catálogo de Protecciones, que el pleno municipal tumbó a finales de mayo. Entonces, la oposición en bloque -PP y Ciudadanos, junto a los dos tránsfugas Nerea Belmonte (ex de Guanyar) y Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos)- votó en contra del texto defendido por Miguel Ángel Pavón, ante el temor a que promotores pudieran reclamar indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento por la protección de suelo.
El Catálogo, que sólo logró el insuficiente apoyo de los tres socios del tripartito (14 votos a favor frente a 15 en contra), está ahora en manos de la tránsfuga Belmonte, la única representante de la oposición que se mostró predispuesta a cambiar de voto si el tripartito le remitía informes técnicos y jurídicos que descarten la petición de indemnizaciones y la responsabilidad patrimonial de los concejales que con su voto permitiesen la aprobación provisión del Catálogo de Protecciones, que finalmente deberá contar con el visto bueno del Consell.
Según Pavón, la negativa de la Generalitat a prorrogar la suspensión de licencias deja entre la espada y la pared al Ayuntamiento, incapaz de aprobar el Catálogo tras dos años de tramitación. «Desde el próximo lunes, podemos recibir peticiones para derribar edificios incluidos en el Catálogo», admitió ayer Pavón, quien se agarra a la única salida que le quedará al área de Urbanismo para evitar la destrucción del citado patrimonio cultural. Y es que, según explicó ayer, la concejalía tiene dos meses para responder a las peticiones. Así, la cuenta atrás sigue en marcha para preservar 300 edificios de Alicante.
