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El sindicato de Maroto acusa al jefe de la Policía Local de trato de favor a su mujer

El representante del SPPLB, del que fue portavoz el jefe jurídico de Seguridad, eleva el tono al debatir sobre el horario de conciliación

La Mesa Negociadora celebrada ayer en el Ayuntamiento. jose navarro

«Ha sido todo muy desagradable», aseguraban ayer varios de los asistentes a la Mesa de Negociación celebrada ayer en el Ayuntamiento de Alicante, de cuyo orden del día se sacó finalmente la aprobación de las productividades destinadas a funcionarios municipales, entre ellos, al inspector Diego Maroto. Y es que la figura del hombre fuerte del alcalde Gabriel Echávarri y jefe jurídico de la Concejalía de Seguridad sobrevoló la reunión de ayer, ya que el sindicato del que fue portavoz (SPPLB) y posteriormente asesor jurídico protagonizó el momento más tenso de la sesión.

La polémica surgió durante el debate sobre el nuevo horario de conciliación de la Policía Local, en el que el representante del SPPLB acusó al jefe del Cuerpo, José María Conesa (que no estaba presente en la reunión), de hacer «trato de favor a un familiar de primer grado», en alusión a su mujer, una de las funcionarias que disfruta actualmente del horario de 9 a 17 horas. Desde otros sindicatos restaron importancia a la acusación, al asegurar que la citada agente tiene tres hijos menores de edad, por lo que está argumentado el horario del que disfruta. «Ha sido un ataque furibundo», aseguró ayer uno de los representantes políticos presentes en la reunión, mientras que un portavoz sindical calificó el momento como «innecesario y desagradable». Este instante se suma a la tensión existente dentro de la Concejalía de Seguridad, tanto por la nueva reorganización como por otras polémicas protagonizadas por Maroto, como que sacara su vehículo del depósito de la grúa sin pagar.

Pese al momento de tensión, finalmente se aprobó el horario de conciliación para la Policía Local, ya que la Concejalía de Recursos Humanos aceptó que la aplicación en la plantilla dependa de la concejalía y de la parte social (bajo criterios objetivos) y no de los jefes del Cuerpo, como estaba recogido en el decreto inicial.

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