La falta de agilidad y decisión del Ministerio de Agricultura ha vuelto a dejar a los pies de los caballos al sector agrícola de regadío de la provincia de Alicante que encara el último trimestre del año -clave por las plantaciones del inverno-, sin apenas reservas de agua y con la presión añadida sobre el trasvase Tajo-Segura por la falta de lluvias. El Gobierno continúa sin desarrollar aspectos cruciales del decreto de sequía que en julio prorrogó hasta finales de 2017. Con el último trasvase del Tajo aprobado en su recta final, la Confederación del Segura no ha resuelto todavía aspectos ambientales del riego de socorro aprobado en abril para extraer caudales de los pozos de reserva de Calasparra, y tampoco la autorización para que los agricultores puedan comprar agua en otras cuencas como Madrid o la propia Castilla-La Mancha. Un caudal de 10 hm3 acordado con los titulares de los derechos que recibirán por el agua 800.000 euros, según recordó ayer José Andújar, vicepresidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura.
Los regantes reclaman al Gobierno diligencia y que, de entrada, el 1 de octubre sea valiente y apruebe un trasvase de 60 hm3 desde el Tajo para acabar el año. Aunque el nivel de agua también ha descendido, en los embalses de Entrepeñas y Buendía todavía hay caudal, ya que la «línea roja» para este año está en los 336 hm3 y en cabecera hay unos 150 hm3 disponibles.
La facturación total del sector agrícola regado por el Tajo en Alicante y Murcia alcanza los 1.100 millones de euros, de los que unos 400 millones corresponden al sur de la provincia y al campo de Elche. En juego están también más de cien mil empleos. La sequía ya pasó el año pasado una factura letal al sector agrícola de la provincia -116.000 familias viven del sector primario- con unas pérdidas cercanas a los 90 millones de euros por la reducción de las cosechas y de la calidad de los frutos, al no tener caudal suficiente y de calidad. Los productos más afectados fueron los cítricos, la uva de mesa, con una reducción media del 25% de la producción pero puntas del 60% en muchos bancales, el cereal y la cosecha de almendra, que al ser de secano sigue amenazada.
La organización agraria Jóvenes Agricultores de Alicante (Asaja) lanzó el viernes pasado un mensaje alarmante al anunciar que, según sus cálculos, apenas queda agua de riego para 60 días y están seriamente amenazadas 20.000 hectáreas de las 40.000 afectadas. Pero el problema no se acaba ahí, los cultivos de secano los mismos en los que debiera centrarse la provincia de Alicante según la Fundación Nueva Cultura del Agua y voces universitarias de Valencia también están muy afectados por la falta de lluvias. Almendros que se secan en un descalabro ambiental que, además, llega en un momento especialmente sensible porque el precio de la almendra está alto pero la producción alicantina mermada debido a la desaparición de los árboles.
En ese sentido, Ángel Urbina, presidente de la comunidad de San Enrique, reclamó ayer a la Confederación del Júcar «el relevo inmediato del profesor de la Universidad de Valencia y secretario de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Francesc La Roca, que no sólo quiere cerrar el Tajo-Segura, sino que forma parte de la comisión que redactará las normas de explotación del Júcar-Vinalopó. Un desastre». Urbina lamentó, en este sentido, que «personas como la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, que conocen perfectamente la realidad hídrica de la provincia de Alicante, permitan estas situaciones es impresentable». Según Urbina, «con el Tajo-Segura, los movimientos en Valencia empiezan a ser los mismos que llevaron al Júcar-Vinalopó a estar como está», aseveró Urbina, uno de los portavoces de la Federación Provincial de Comunidades de Regante y miembro de la Mesa del Agua de la Diputación.
