Recursos que fueron creados para una estancia temporal se han convertido en recursos de estancia definitiva. Es la alerta que lanza el Síndic de Greuges en un informe presentado a las Cortes en el que se analiza la atención residencial no hospitalaria a las personas con problemas de salud mental en la Comunidad.
En él se advierte de «los largos procesos de institucionalización» que se dan en la Comunidad, debido «tanto a la ausencia de recursos previos al internamiento, como a la ausencia de recursos suficientes de alojamiento supervisados, que garanticen una mayor normalización de la vida de las personas». Una ausencia de estructuras, «que imposibilita una autonomía de los usuarios que les permita su inserción social».
El trabajo, dirigido por el adjunto primero del Síndic, Ángel Luna, alerta también de que el 95% de los casos atendidos en los centros visitados habían sido declarados incapaces judicialmente. «Estos datos, contravienen lo dispuesto en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que aboga por garantizar a las personas con discapacidad un sistema de apoyos para la toma de decisiones y no la privación de su capacidad de forma absoluta.
La falta de personal es otro de los problemas que sufre la asistencia a pacientes con enfermedad mental. Así, el estudio señala que «todas las Unidades de Salud Mental visitadas disponen de un número de profesionales inferior al previsto en el Plan Director de Salud Mental de 2001». Además «se comprueba la falta de especialización en salud mental del personal de enfermería». También se incide en la dispersión geográfica de los recursos, en concreto de los CEEM (Centro específico para personas con enfermedad mental crónica), «obligando a los pacientes a desplazarse de sus entornos habituales».
El Síndic destaca la conveniencia de elaborar el Plan Director de Salud Mental en la Comunidad Valenciana y de habilitar una estructura sociosanitaria que permita mejorar la atención integral de estas personas.
Asimismo, el trabajo evidencia la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones que actualmente tienen competencia en la materia y que son la Conselleria de Sanidad y la de Igualdad. Un apartado especial merece para el Síndic la recomendación de adscribir a la Generalitat las funciones, los centros y los servicios que todavía gestionan las diputaciones provinciales en materia de salud mental, especialmente la de Castellón y Alicante. Así, se recuerda que «tras la creación del Servicio Sanitario de Salud en 1997, todos los servicios y funciones que en materia de salud mental correspondían a ayuntamientos y diputaciones deberían haber sido asumidos por la Conselleria de Sanidad»
Otros aspectos que destaca el defensor valenciano en su informe se refiere a la dispersión normativa en materia de autorización de centros residenciales y la ausencia de reconocimiento de grado de discapacidad y/o dependencia de muchas personas ingresadas en los centros visitados. De todo ello «se desprende la necesidad de un mayor control y exhaustividad en el ejercicio de la tutela ejercida por la Generalitat Valenciana».
El informe del Síndic culmina con la emisión de treinta y una recomendaciones que van dirigidas a las administraciones públicas implicadas para que sean estudiadas y emitan el correspondiente pronunciamiento.
