Los frentes abiertos se acumulan para el alcalde socialista, Gabriel Echávarri. La gestión del personal, el rescate de las contratas caducadas en manos de Enrique Ortiz, la ordenación de veladores, la salida de tono de la edil de Guanyar Marisol Moreno Marisol Moreno o la polémica propuesta que abandera para el «abierto total» del comercio abierto totalcomercio son sólo algunos de los asuntos conflictivos que le han valido al alcalde enfrentamientos con sus socios de gobierno, de Guanyar y Compromís, con el grupo mayoritario de la oposición (el PP), así como con los vecinos del centro, comerciantes y hasta con el Consell.
Cuando aún colean los últimos roces con sus socios de Guanyar y Compromís por la política de personal del PSOE, el propio alcalde abrió otra brecha hace dos semanas con sus socios al proponer que todos los centros comerciales de la ciudad abran todos los domingos y festivos. Lo hizo sin contar con el apoyo de Guanyar y Compromís, que le reprochan tanto las formas como el fondo. El más contundente fue Miguel Ángel Pavón, quien acusó al regidor de incumplir el pacto de gobierno y de formar una «gran alianza con la derecha», en referencia al apoyo que el alcalde buscó en el PP y Ciudadanos para poder sacar adelante su propuesta. El PSOE llegó a acusar a Pavón de permanecer en el tripartito por el cargo y el sueldo por estas afirmaciones.
La retirada del apoyo del PP a su propuesta por la falta de consenso con el comercio también abrió una guerra entre Echávarri y el portavoz del PP, Luis Barcala, al que el primer edil acusa de «volver al modelo Castedo». El líder de la oposición le advierte de que fue el alcalde con el apoyo de sus socios de gobierno y de Ciudadanos quien cerró las grandes superficies de Maisonnave en festivos y de que será «el único responsable» si el Ayuntamiento es condenado a pagar una indemnización por el cierre «arbitrario» los domingos de la principal avenida comercial de la ciudad.
La propuesta comercial de Echávarri también le enfrenta a sindicatos y pequeño comercio, que la rechazan de plano. En el caso de Facpyme, el regidor mantiene un enfrentamiento personal con su secretario general, Francisco Rovira, al hilo de un roce que se remonta a hace dos años, a una cena en homenaje a Pedro de Gea, ahora asesor del alcalde. El regidor también rivaliza en materia comercial con el Consell, descartando su propuesta de buscar una solución global para toda la Comunidad que pasaría por permitir abrir a todas las grandes superficies de la ciudad, pero sólo en los periodos turísticos de Semana Santa y verano (en Navidad ya pueden hacerlo). En esta reivindicación ante el Consell, el alcalde alicantino ha ido a buscar apoyo en el alcalde de Valencia, Joan Ribó.
Aunque su propuesta comercial es el principal frente que ahora mismo tiene abierto el alcalde, no es el único. Otro es el de Marisol Moreno, la edil de Guanyar condenada por injurias a la Corona que, el mismo día que Echávarri anunciaba su propuesta comercial, acusaba a los populares de celebrar sus juntas de gobierno en un club de alterne. El PSOE habilitó al primer edil a retirarle las competencias en Protección Animal y Juventud así como el sueldo. Algo que, por el momento, Echávarri no ha hecho. Compromís, en este caso, se alinea con el alcalde socialista al considerar insuficiente la medida adoptada por Guanyar de retirarle la portavocía adjunta del grupo municipal. Aunque los de Pavón sostienen que el asunto está «zanjado», no lo creen así ni el PSOE ni Compromís.
Veladores
Otro de los conflictos vivos es el de la ordenación de veladores por la distancia existente entre las posiciones de Pavón edil de Ocupación de la Vía Pública y del alcalde. Si el primero se ha echado encima a los hosteleros con su propuesta de reducir horarios y veladores, Echávarri se lleva las críticas de los vecinos del centro, que le acusan de ser «parcial» y de «parecer un trabajador de la hostelería» al considerar que no defiende sus intereses.
El rescate de las contratas es otro de los asuntos que separa al PSOE y a Guanyar. Mientras los socialistas apelan a que los informes que manejan reflejan que municipalizar los contratos sería más caro, los de Pavón lo cuestionan y advierten de que hay que tomar una decisión política. Y, mientras tanto, el tripartito sigue pagando cada mes a Enrique Ortiz 800.000 euros por servicios prestados fuera de contrato para el mantenimiento del cementerio y la limpieza de colegios y dependencias municipales. A estos dos contratos caducados, se suman el de suministro de sillas y escenarios, el de publicidad en las paradas de bus y el de suministro eléctrico.
Por no estar, ni siquiera están resueltas las discrepancias entre los socios de gobierno sobre si el acuario de la plaza Nueva cerrado desde agosto albergará peces vivos o virtuales. Aunque el grueso de las hostilidades internas en el tripartito las protagonizan Echávarri y Pavón, también hay rencillas entre los socialistas y Compromís. Aunque las aguas parecen calmadas en el conflicto por las prioridades en la reforma de los colegios de la ciudad, los de Compromís reprochan al PSOE que a estas alturas no dispongan del personal para tramitar las ayudas a los libros de texto. Esta misma semana, la edil de Igualdad (Compromís), María José Espuch, criticaba el apoyo del alcalde a un acto comercial en Maisonnave en beneficio de las mujeres maltratadas al considerar que se hacía un «uso superficial» de la lucha contra la violencia de género. Echávarri replicó acusando a sus socios de «desautorizarle» apenas 24 horas después de llegar a un acuerdo para mejorar la comunicación interna y no airear públicamente los trapos sucios, en un intento de reconducir la escalada de tensión de las últimas semanas en el seno del tripartito.
En el fuego cruzado de declaraciones, Echávarri no ha dejado títere con cabeza. Incluso dirigió unas duras críticas a la patronal Coepa: «En nueve meses no ha hecho nada por la ciudad y solamente está intentando salvarse a sí misma», llegó a asegurar.
En los últimos meses, el regidor también ha disparado dardos contra el Ministerio de Hacienda, al que acusó de «castigar a los alicantinos» por sus reparos al presupuesto municipal. El ministerio, finalmente, ha dado su visto bueno a las cuentas municipales sin el recorte del 2% que exigía en los gastos, pero desde el Ayuntamiento no perdonan el retraso. Sin ese recorte se calma la tensión entre los funcionarios que vieron peligrar el pago de la paga extra que se les retiró en 2012 pero desde el PSOE todavía mantienen abierto el frente con los Bomberos. Los efectivos, que ya reclamaron al alcalde un mayor compromiso con el Cuerpo, vienen denunciando la reducción de los servicios de guardia.
Muchos son los fuegos vivos en el panorama municipal y el reto del alcalde pasa por extinguirlos antes de que prendan nuevos focos de conflicto.
