La escalada de tensión en la escena municipal de las últimas semanas quedó atemperada en el pleno municipal de ayer, en el que el tripartito salvó a la edil de Guanyar condenada por injurias a la Corona, Marisol Moreno, al rechazar la petición de Ciudadanos apoyada por el PP de retirar las competencias y el sueldo a los ediles condenados por cualquier tipo de delito.

La edil, que en las últimas semanas ha vuelto a situarse en el foco de la polémica al acusar al PP de celebrar sus juntas de gobierno en un club de alterne, no tendrá que dejar el cargo. Al menos, de momento. Y es que tanto el alcalde socialista, Gabriel Echávarri, como el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, reclaman a Guanyar medidas «contundentes» con la regidora, pero coinciden al dar «más tiempo» para ello.

Aunque en el pleno de ayer los grupos de la oposición evitaron mencionar el nombre de Marisol Moreno hasta dejaron a un lado las alusiones a la crisis interna del tripartito de las últimas semanas, su situación tras la condena por injurias a la Corona estaba detrás de la iniciativa que presentó Ciudadanos. En ella se instaba al alcalde a retirar las competencias y el sueldo a ediles investigados o condenados. En concreto, se planteaban varios supuestos y los grupos políticos pactaron realizar una votación para cada uno de ellos.

El tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) y la oposición (PP y C's) apoyaron por unanimidad la retirada de competencias y la expulsión de ediles investigados, pero limitando los delitos a corrupción, violencia de género y contra la libertad sexual. Sin embargo, el tripartito vetó con su voto en contra la retirada de competencias a los ediles a los que se les abriera juicio oral «por algún delito doloso» y a los que resultaran condenados «por cualquier delito». Supuestos, estos dos últimos, en los que se enmarcaría la situación de Moreno. El PP se abstuvo en lo referente a la apertura de juicio, pero sí apoyó la retirada de competencias cuando exista condena por cualquier tipo de delito.

Este no fue el único asunto polémico del pleno. Tanto PP como Ciudadanos reprocharon al tripartito que haya perpetuado los contratos caducados que gestiona Enrique Ortiz limpieza de colegios y dependencias y el de mantenimiento del cementerio sin volverlos a licitar ni municipalizarlos. «Es una situación ilegal y una prórroga por la vía de hecho», aseguró el edil de C's, Fernando Sepulcre. El popular Carlos Castillo amenazó con llevarlo a los tribunales al considerar que se ha producido una «prórroga irregular» que incumple el acuerdo de la etapa del exalcalde del PP Miguel Valor de no prorrogar a Ortiz el contrato de limpieza de colegios, caducado desde junio. «Si cuesta un euro más, no se municipalizarán; si nos cuesta un euro menos, se hará», respondió la edil socialista Gloria Vara, quien pidió «tiempo».

En el pleno, Marisa Gayo tomó posesión del acta de edil del PP tras la marcha de Asunción Sánchez Zaplana al Senado. Con el voto a favor del tripartito, en contra del PP y la abstención de C's también se acordó derogar la ordenanza de mendicidad y prostitución. También salió adelante la modificación de los miembros del Consejo de Comercio entrarán CC OO, UGT, el Puerto, la Cámara de Comercio y Cepyme con el voto en contra del PP, que criticó que no se incluya a Coepa.

El tripartito votó junto en todo momento, salvo en una iniciativa de Guanyar (apoyada por Compromís y en la que el PSOE se abstuvo) de pedir al Gobierno revisar la condena a Alfonso Fernández, detenido durante la huelga general de 2012. El edil de C's Vicente Buades fue especialmente crítico asegurando que «no es un muchacho excelente» sino que, agregó, «llamó putas a unas chicas por ser incapaz de ligar con ellas y acabaron siendo robadas». Buades consideró que pedir su libertad «es incompatible con hacer minutos de silencio contra la violencia de género». Un comentario que le reprobaron varios ediles y el alcalde, tras lo que Buades pidió disculpas en el pleno.