Ocho meses después de que el tripartito conformado por PSOE, Guanyar y Compromís comenzara a gobernar el Ayuntamiento de Alicante conforme a las líneas marcadas en su pacto de gobierno, son muchos los acuerdos reflejados en esa hoja de ruta que siguen sin cumplirse. Entre ellos, la municipalización de las contratas como consecuencia de las discrepancias entre las áreas del PSOE y de Guanyar. Mientras tanto, el tripartito ya ha pagado al empresario Enrique Ortiz casi seis millones de euros por servicios prestados con contratas caducadas.
No es el único lastre del pacto de gobierno, que también contemplaba una revisión integral de los puestos de trabajo del Ayuntamientorevisión integral de los puestos de trabajo . Una cuestión muy reivindicada por Guanyar para acabar con lo que denominan un «castedazo» en las jefaturas en alusión a los nombramientos a dedo en el anterior mandato y para dotar de personal a las concejalías que gestionan. El intento de los socialistas, que gestionan el personal, de modificar la estructura funcionarial en diciembre llegó a romper la unidad de voto dentro del tripartito y Guanyar se opuso a ello acusando a sus socios del PSOE de «ningunear» a sus concejalías. De ahí que todavía no haya sido aprobada la modificación en cuestión.
Hay otros asuntos que dificultan las relaciones dentro del tripartito. De hecho, una de las propuestas de Compromís pasa, precisamente, por engrasar la maquinaria con fórmulas para mejorar la comunicación y la coordinación entre las diferentes áreas municipales para evaluar los asuntos conflictivos y llegar a posturas comunes.
Los grupos que configuran el tripartito se reunieron ayer para valorar el pacto de gobierno en una comisión de seguimiento con tres representantes de cada partido entre los que no estaban ni el alcalde socialista, Gabriel Echávarri, ni el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. Con todo, el primer edil realizó un balance triunfalista del acuerdo asegurando que se han «cumplido» los puntos programáticos, si bien pidió «tranquilidad» a los ciudadanos con «ganas de cambio» porque, dijo, se tiene que trabajar «poco a poco y quedan tres años y medio de legislatura». Valoró como un logro la recuperación de la gestión de los impuestos antes en manos de Suma y la «apuesta por el turismo».
Olvidó, no obstante, los numerosos puntos del acuerdo que siguen sin materializarse. Entre ellos el cambio del Reglamento Orgánico del Pleno que sus socios plantearon en el pacto para diluir las competencias del alcalde y dar mayor peso en la toma de decisiones a la Junta de Gobierno Local. Dentro del compromiso de eliminar gasto superfluo tampoco se ha reducido el número de asesores como figuraba en el pacto, dado que el tripartito cuenta con 33 personas de confianza a sueldo municipal para sus 15 ediles, una proporción superior a la que tenía el PP.
En la columna del debe también se encuentran la renegociación de todos los contratos municipales o la publicación de la ejecución presupuestaria en tiempo real en la web municipal. Tampoco se ha llevado a término la negociación con Ikea para definir su ubicación definitiva en Alicante, más allá de dos reuniones una de ellas frustrada mantenidas este verano con directivos de la mercantil.
Aunque algunas de estas medidas se plantean a lo largo de los cuatro años de gobierno, como el diseño de la vertebración y cooperación con Elche, los pasos van despacio. Sí se ha dado uno importante bajo el liderazgo de la Universidad de Alicante para crear un foro con el objetivo de relanzar el área metropolitana de Alicante-Elche que fue anunciado en un acto de la OAMI al que no asistió el alcalde, como tampoco lo hizo a otro acto organizado por la oficina europea semanas después. Una situación que choca con otro de los puntos del acuerdo de gobierno: el de potenciar la relación del Ayuntamiento con la OAMI.
Sí se han cumplido otros puntos, como el de reducir la zona de libertad horaria comercial para que las grandes superficies comerciales de Maisonnave no abran todos los domingos y festivos. También se pidió al Consell la retirada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en la que se ampara el macrocentro comercial de Rabasa aunque todavía no hay respuesta de la administración autonómica. En materia social, se han dado pasos en materia de desahucios, comprando pisos a los bancos para alquiler social, o con la apertura de los comedores escolares en periodos no lectivos. En materia de limpieza, se ha realizado el plan de choque al que se comprometió el tripartito. En cuanto a los veladores, se va cumpliendo el punto del acuerdo de hacer cumplir la ordenanza aunque el conflicto sigue sin resolverse.
