La deuda de los ayuntamientos de la provincia con las entidades financieras y el Gobierno central continúa cayendo en picado. Los planes de ajuste impuestos por el Ministerio de Hacienda, por una parte; el incremento de tributos, tasas y precios públicos, por otro; y la obligación de destinar los remanentes a amortizar deuda, en tercer lugar, han provocado que el endeudamiento de los 141 consistorios alicantinos haya bajado de los 1.000 millones tras años por encima de esa cifra.
En 2012, uno de los peores ejercicios de la crisis, los ayuntamientos finiquitaron el ejercicio con una deuda viva de 1.211 millones de euros. Casi nada. Hasta esa cantidad se llegó por varios motivos. En época de bonanza, fueron muchas las entidades locales que tocaron la puerta de bancos y cajas para ejecutar obras en sus respectivos términos municipales. Pero llegó la crisis. Y con ella, el desplome de los ingresos municipales.
Con la burbuja inmobiliaria hecha pedazos, la recaudación tributaria cayendo y el grifo del crédito cerrado, muchas corporaciones se vieron atadas de pies y manos. En gran medida, por el desplome del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas urbanísticas, convertidos hasta entonces en un maná económico. Antes de que la crisis asolara las arcas municipales, esos dos tributos reportaban grandes ingresos a las entidades locales. El ladrillo permitió modernizar las poblaciones y dotarlas de todo tipo de servicios: polideportivos de última generación, piscinas cubiertas -e incluso climatizadas-, nuevos edificios municipales... Pero cuando llegaron las turbulencias económicas, todo cambió.
Y una ingente cantidad de corporaciones se topó con que no podían abonar sus facturas. Hacienda salió al rescate. El Ministerio impulsó el plan de pago a proveedores en 2012 y concedió préstamos con intereses por debajo del mercado para auxiliar a las entidades locales. Muchas se acogieron con los brazos abiertos. Y claro, su carga financiera aumentó.
En paralelo a las ayudas del Gobierno, Montoro exigió severos planes de ajuste a los ayuntamientos que se fueron acogiendo a esas ayudas estatales. Obligó a las corporaciones a reducir el gasto y a meter la tijera. Como consecuencia de ello, los datos mejoraron en 2013. Los 141 consistorios de la provincia consiguieron reducir su deuda viva en 104 millones y la carga quedó cuantificada en 1.107 millones. Y ahora, el Ministerio de Hacienda acaba de corroborar que esos guarismos continúan cayendo. Al cierre del pasado año, su endeudamiento quedó fijado en 957,7 millones, 149,3 menos que un año antes.
De las 141 corporaciones locales de la provincia, 138 han reducido su carga y solo tres la han aumentado: Bigastro, Dolores y Orxeta. La población que mayor lastre arrastra es Alicante. La capital ha tenido que solicitar auxilio económico al Gobierno central para poder hacer frente a sus pagos y al cierre de 2014 su deuda viva ascendía a 147,3 millones de euros. Un año antes, la cantidad era de 149,3 millones. O, lo que es lo mismo, la capital solo ha sido capaz de reducir su carga en dos millones durante un ejercicio completo.
Elche es la segunda en el escalafón de deuda. Tal y como viene corroborando Hacienda durante sus últimos informes, Mercedes Alonso y su ya ex equipo de gobierno han conseguido minorar el endeudamiento de la población de manera considerable a lo largo del pasado mandato. En 2014, la cifra cayó en 14 millones, al pasar de 141,5 millones en 2013 a 127,4 un año después.
Y Benidorm continúa como la tercera localidad alicantina que más dinero debe a las entidades financieras y el Gobierno central. Eso sí, cada vez les adeuda menos fondos. En 2014 logró reducir su lastre en más de 17 millones. Ese ejercicio lo cerró con una deuda viva de 100,1 millones, frente a los 117,8 del ejercicio anterior. Entre estas tres poblaciones suman el 39,1% del endeudamiento total de las corporaciones alicantinas.
