El tripartito de izquierdas que gobierna el Ayuntamiento de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) instará al nuevo Consell a retirar definitivamente la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que promueve la empresa Alicante Avanza para encajar el complejo de la multinacional Ikea y un macrocentro comercial en Rabasa después de que el nuevo gobierno autonómico acordara ayer, en una de sus primeras decisiones, la paralización del proyecto por sospechas de corrupción.
En esta línea, las tres formaciones que dirigen el gobierno municipal de Alicante llevarán al pleno del próximo 30 de julio una declaración institucional reclamando a la Generalitat la retirada definitiva del plan de actuación de Ikea, «dando cumplimiento así a una de las primeras medidas a desarrollar en los primeros 100 días de gobierno incluidas en el programa de gobierno municipal conjunto», según recoge un comunicado conjunto de los tres líderes del Ejecutivo, el alcalde Gabriel Echávarri; el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón; y el portavoz municipal, Natxo Bellido, quienes recibieron con satisfacción la decisión de impacto para la ciudad de Alicante con la que se estrenó el nuevo Consell, también de izquierdas y formado por socialistas y Compromís, de paralizar el plan de actuación que sustentaba la instalación de Ikea.
Esta decisión se toma, como apuntó la portavoz del Gobierno, Mónica Oltra, de acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante al entender que existe un supuesto trato de favor al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Gürtel y la operación Brugal.
La también vicepresidenta de la Generalitat dejó claro en su intervención que la actuación está «bajo sospecha» al estar el mencionado Ortiz detrás de la operación urbanística y que, por tanto, se va a realizar una revisión a fondo de todo el expediente. «Lo vamos a ver y, en su caso, a reformular pero siempre desde el interés general y el aprovechamiento colectivo», subrayó Oltra sobre una medida que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, comunicó vía telefónica al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, quien mostró su satisfacción al comprobar que los asuntos de la ciudad son prioritarios para el nuevo Consell. Lo mismo que el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, quien dijo que se acaba el recorrido de una actuación que está en los tribunales mediante la pieza del plan Rabasa, a la vez que espera que se continúe en esta línea de «parar los pies al urbanismo especulativo». Bellido, por su parte, indicó que habrá que retomar el diálogo con Ikea para comprobar si es viable compatibilizar sus condiciones con las que pone la ciudad «desde el interés común».
La medida se toma a propuesta de la nueva consellera de Vivienda y Obras Públicas, la socialista María José Salvador, que la incluyó como una decisión prioritaria para su departamento. La vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, explicó que se trata de un expediente con implicaciones «de corrupción y sospecha» en la que se ha producido un «aprovechamiento particular» con Enrique Ortiz como beneficiario.
El Consell, apuntó Oltra, trabajará de forma conjunta con el Ayuntamiento de Alicante para tratar de buscar una solución. La número dos del Gobierno valenciano precisó, al ser preguntada de forma directa por el empresario alicantino, que su actuación está «bajo sospecha de corrupción y desvíos de dinero hacia el aprovechamiento particular de algo que es de interés general». La decisión de paralizar el plan de Ikea supondrá además abrir un debate legal sobre la propia figura de los ATE, en la medida que suponen una injerencia de la Generalitat en las competencias municipales. También revisarán los expedientes administrativos de aperturas de grandes superficies comerciales.
