El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está inspeccionando los inmuebles de 38 municipios alicantinos dentro del proceso de regularización abierto en toda España contra el fraude catastral, lo que supone el 5,75% de las construcciones que el Gobierno va a revisar este año en todo el país contra el fraude en el pago de la contribución urbana, de acuerdo a los datos que la directora general del Catastro, Belén Navarro, adelantó ayer en el XII Foro Suma que se celebró en el Auditorio Provincial con la participación de más de 300 técnicos y políticos.
Navarro hizo una primera lectura del proceso de regularización que se inició en 2013 para incorporar al catastro construcciones omitidas y alteraciones no declaradas, lo que ha permitido detectar entre un 3 y un 10% de inmuebles en los municipios inspeccionados con algún tipo de omisión en el pago de tributos.
La directora general del Catastro insistió en que esta regularización no tiene por qué suponer una subida del valor catastral ni un incremento en la presión fiscal sobre los ciudadanos a la hora de pagar el IBI. «Al contrario, los ayuntamientos pueden obtener mayores ingresos económicos con los recursos que afloren y rebajar el tipo impositivo a todos los ciudadanos, como harán en Tortosa».
Sobre el municipio de Alicante, que en 2015 sí sufrirá la subida de su valor catastral en un 10%, dijo que si se producen incrementos es porque está por debajo del 50% del valor del mercado que marca el catastro y que, en sentido contrario, hay 528 municipios en toda España que han pedido una rebaja del valor catastral al superar esa media. El director de Suma Gestión Tributaria, Manuel de Juan, añadió al respecto que hay valores de suelo desfasados como el caso de Alicante, y que seguramente se le obliga por el rescate.
Durante este año se comprobarán en España más de once millones de inmuebles urbanos, lo que representa el 30% del total del territorio. El procedimiento está en curso en casi 2.100 municipios de los más de siete mil que hay. La directora general señaló que se tienen en cuenta las solicitudes de los ayuntamientos para programar el trabajo de inspección.
Por su parte, Luisa Pastor, presidenta de la Diputación, organizadora del foro, dijo que por primera vez en años ha crecido, en medio punto, el pago voluntario del IBI, y que en 2013 se recaudaron 585 millones de euros, lo que representa el 36% de los ingresos de los ayuntamientos alicantinos.
