Contra todo pronóstico, el empresario al que el juez que investiga los presuntos amaños del PGOU de Alicante ha imputado por el pago de un viaje al exalcalde Luis Díaz Alperi en el verano de 2008 se acogió ayer a su derecho a no declarar contribuyendo con ello a aumentar las sospechas acerca de quién abonó en realidad el vuelo en un jet privado a Creta del entonces primer edil, un abono que los investigadores atribuyen al promotor Enrique Ortiz, también encausado en este proceso. El silencio de Ricardo Fuster, además, aboca la resolución del caso, más allá de la fase de instrucción en que se encuentra, a la celebración de un juicio oral en el que se dirima si se cometieron los delitos que cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada que se le imputan, entre otros, al exregidor y a la actual alcaldesa, Sonia Castedo, por facilitar a Ortiz datos secretos del planeamiento urbano de la ciudad a cambio de prebendas, entre las que figura el citado viaje.
La negativa a declarar del propietario de Rocafort S. L. (quien alegó, al igual que hiciera Alperi, no responder al interrogatorio por consejo de su abogado) sorprendió a algunos de los letrados personados en esta causa que más interés tenían en las explicaciones que pudiera dar el empresario valenciano y que apuntaban inicialmente a que atribuiría a su amistad de años con el actual diputado autonómico el pago de los 36.000 euros que, a través de la mercantil Rivaflecha S.L., realizó como parte del vuelo en un avión privado en el que Alperi y la concejala de Alicante Sonia Alegría volaron a la isla griega entre 29 de julio y el 13 de agosto de 2013, apenas un mes antes de que dimitiera como alcalde.
El instructor de la causa, el magistrado Juan Climent, acordó la imputación de Fuster por un presunto delito de cohecho "por el hecho indiciario de haber abonado 36.000 euros a través de la mercantil Rivaflecha S.L. como parte del pago del viaje a Creta" de Alperi, tal y como había pedido el fiscal Felipe Briones, según consta en el providencia del pasado 29 de octubre. El exalcalde y su acompañante viajaron solos en un avión fletado por la compañía Best Fly, servido por un piloto y una azafata y cuyo importe total fue de 45.000 euros.
En un intento frustrado de esquivar a los medios de comunicación Fuster llegó a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) casi dos horas antes de su comparecencia y allí permaneció una después de haber concluido y de que su abogado, José Vicente Gómez Tejedor, se hubiera marchado acompañado por Alejandro Bas, defensor de la mujer de Enrique Ortiz, único representante de las defensas, además de un sustituto del penalista Vicente Grima, letrado de Alperi, que ayer estuvieron presentes en el TSJ. Donde sí hubo pleno fue en el banquillo de los acusadores, donde además del fiscal Felipe Briones estaban los representantes de las acusaciones populares: José Luis Romero por EU y una compañera de Virgilio Latorre, por el PSPV.
Entre las testificales que quedan por realizar, el ministerio público ha pedido que sean identificados y citados "los cargos representativos durante 2008 de Rivaflecha, que opera bajo el nombre comercial de BKS Air, con domicilio social en Bilbao, y los administradores de la mercantil a cuyo nombre figuraban los bungalows que construyó en sociedad con una mercantil de Ortiz en los que viven los hijos de Alperi, considerados por las acusaciones otra dádiva.
EU interpretó ayer que "los silencios de Alperi y Fuster avivan las sospechas sobre la financiación del viaje a Creta" a la vez que favorece la apertura de juicio donde debe aclararse quién lo pago.
Castedo pide permiso a Climent para repartir su declaración a los medios
Autorización judicial para distribuir sus declaraciones íntegras a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Esto es lo que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha solicitado a través de su abogado al instructor de la causa por los presuntos amaños del PGOU. El escrito registrado ayer en la sala de lo Civil y Penal del TSJ argumenta la petición "al objeto de evitar que se traslade a la opinión pública una realidad sesgada e interesadamente malinterpretada de dicho acto". Las 18 horas del interrogatorio al que fue sometida Castedo pueden consultarse en informacion.es donde se encuentran de forma íntegra desde el viernes. La duración de cada video depende de las pausas que marcaba el magistrado, cuyos cortes también se han respetado para no restar veracidad.
