Las Cortes Valencianas se han convertido para el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en un quebradero de cabeza. Con la máxima cautela, el jefe del Consell se ha visto obligado a lidiar con un grupo heredado de Francisco Camps en el que, en estos momentos, cohabitan siete imputados –uno de ellos, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, a la espera de juicio–, y otros cuatro más que están a las puertas de ser encausados –Rafael Blasco, Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Maite Parra–.
Los sumarios de la supuesta trama de financiación del PP vinculada a Gürtel, de la red ligada al presunto fraude en la concesión de ayudas del Consell a las ONG o de la operación Brugal tienen a algunos de sus protagonistas en la bancada del PP, una situación que mantiene a Fabra en un brete. Con la crisis económica azotando a la Comunidad, al titular de la Generalitat le incomoda notablemente tener que afrontar una situación en la que cualquier decisión que acabe tomando va a ser fiscalizada con lupa.
Pedro Hernández Mateo tiene la situación más complicada. Está imputado y a la espera de juicio en el TSJ por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de la contrata de basuras de Torrevieja durante su etapa como alcalde. Fabra aplicará los estatutos aprobados en el último congreso del PP celebrado en Sevilla y le abrirá un expediente disciplinario. A Hernández Mateo se suman otra media docena de ocupantes de la bancada popular en las Cortes que están imputados en la trama de financiación del PP ligada a Gürtel. Son Ricardo Costa, que ya estuvo implicado junto a Camps en el sumario de los trajes; David Serra, uno de los portavoces adjuntos del PP; la exconsellera Angélica Such, secretaria de la Mesa de las Cortes; Yolanda García Santos, extesorera popular; el exvicepresidente Vicente Rambla; y Milagrosa Martínez, también exconsellera de Turismo, antigua presidenta de las Cortes y ahora alcaldesa de Novelda.
Rafael Blasco, síndic del PP en las Cortes aunque ahora apartado de sus funciones, está a las puertas de la imputación –la Fiscalía ya lo ha solicitado– por cinco graves delitos a raíz de su implicación en la trama de ONG, un caso de presunto fraude en la concesión de ayudas al Tercer Mundo en el que Fabra ya tomó la decisión de destituir a dos altos cargos. Un ejemplo para evidenciar el calibre de la crisis institucional a la que se enfrenta el PP en las Cortes: tanto si se cuenta con Blasco como si se deja todavía al margen, en el caso de que ese ramillete de diputados tuviera que abandonar las filas del PP sería el tercer grupo de las Cortes. Contaría con más parlamentarios que Compromís y EU y, además, dejaría a Fabra sin mayoría absoluta. El jefe del Consell, en esta situación, se limitará a aplicar lo que marcan los nuevos Estatutos del PP para no levantar demasiadas ampollas.
Aún tienen los populares, al menos de momento, otros tres diputados que están pasando por una situación judicial complicada. Son la alcaldesa de Ibi, Maite Parra, inmersa en un cruce de denuncias con una antigua edil del PP sobre presuntos casos de corrupción municipal. Y, sobre todo, el exprimer edil Luis Díaz Alperi y su sucesora Sonia Castedo, a quienes el juez ha pedido al TSJCV que les impute por el supuesto amaño del plan general de la ciudad de Alicante.
Císcar «limpiará» la ejecutiva del PP de Alicante de imputados
A la estela del camino que tomó Alberto Fabra en la dirección regional del PP, el vicepresidente José Císcar seguirá la misma dirección cuando se haga cargo de los populares alicantinos: «limpiará» la ejecutiva de imputados lo que, por ejemplo, aparta a Mónica Lorente, actual número dos de la ejecutiva y aspirante de nuevo a la alcaldía de Orihuela. Císcar lo tiene muy claro. Con la Comunidad pasando por graves problemas económicos, el PP no se puede permitir ni contar con imputados ni tampoco caer en problemas internos.
