Los agentes de las fuerzas de seguridad declararán por videoconferencia en los juicios para ahorrar a la Administración dietas por desplazamientos. Éste fue uno de los acuerdos adoptados ayer por la comisión de Policía Judicial, que reúne cada año a las fuerzas de seguridad con jueces y fiscales para tratar de coordinarse mejor. Entre los asistentes se encontraban la presidenta del Tribunal de Justicia de la Comunidad (TSJ), Pilar de la Oliva, que por primera vez acudía a este foro, así como el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, el juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, el fiscal jefe, Juan Carlos López Coig, así como responsables del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la provincia, así como de la Policía Local alicantina.

En la reunión de ayer se acordó pedir que sea preceptiva la declaración por videoconferencia de los agentes desde sus respectivas comisarías o cuarteles cuando tengan que testificar sobre su intervención en los hechos juzgados. Aunque se trata de una vieja aspiración de Interior y ha habido varios intentos para que esto sea así, en la práctica sólo están declarando por videoconferencia los agentes que en la actualidad están destinados en otras provincias. El presidente de la Audiencia señaló que cada declaración de un funcionario policial supone que tenga que pasar la mañana en el juzgado. Según Magro, sólo en la Audiencia la medida evitaría los desplazamientos de hasta 250 agentes al mes. El acuerdo será aprobado también la próxima semana por la Sala de Gobierno del TSJ que emplazará al Consell a que ponga los medios para que todas las salas de vistas puedan usar los equipos de videoconferencia de los que ya disponen.

La comisión acordó ayer poner un plan piloto en un juzgado de lo Penal de Alicante para potenciar las conformidades, es decir aquellos casos que no será necesario juzgar porque sus acusados quieren conformarse a cambio de una rebaja en la pena. Un día a la semana, el juzgado se dedicará a atender abogados cuyos clientes quieran confirmarse ante de la vista. La medida busca evitar citaciones innecesarias de personas que no tendrán que testificar, al no celebrarse la vista. Para aplicarlo se basarán en la experiencia que ha empezado a aplicar Valencia, donde el primer día se evitaron citaciones a 47 personas.

Asimismo se remitirá a todos los partidos judiciales el protocolo que tienen vigentes Alicante y Valencia para celebrar juicios rápidos, dado que en los partidos judiciales pequeños muchas de estas denuncias se tramitan como asuntos normales por la falta de medios provocando retrasos en asuntos sencillos como hurtos y alcoholemias, o agresiones leves por violencia de género.

También se articuló un protocolo para que los forenses envíen a la Policía todos los restos de huella genéticos que registren para formar parte de una base de datos para esclarecer otros delitos pendientes.