El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde se instruyen las diligencias por las presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, podría citar como imputados a la alcaldesa Sonia Castedo y al exalcalde Luis Díaz Alperi a pesar de su condición de aforados, Ambos toman hoy posesión de sus cargos como diputados autonómicos en las Cortes Valencianas y fuentes judiciales aseguraron ayer a este diario que la ley permite que presten declaración en el juzgado de Instrucción de Alicante antes de la obligada remisión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que instruya la causa por ser ambos aforados. Las mismas fuentes señalaron que hay precedentes en este sentido en España e incluso en la provincia, donde se dio un caso hace muchos años con un senador que pese a ser aforado declaró en un juzgado de Instrucción.
Otras fuentes jurídicas discrepan de esta posibilidad y aseguran de forma tajante que debe ser directamente el TSJ el órgano que debe imputar y tomar declaración a Díaz Alperi y Castedo. Igualmente señalan que deberían renunciar a su condición de aforado para prestar declaración en Alicante, algo que se estima improbable.
En cualquier caso, el magistrado Manrique Tejada del Castillo tendrá que realizar unas diligencias de investigación antes de poder remitir la causa al TSJ si considera que hay indicios de delito en la actuación de Castedo y Alperi. Para ello, el próximo 30 de junio abrirá la ronda de declaraciones de imputados con el arquitecto redactor del PGOU, Jesús Quesada.
El empresario Enrique Ortiz también ha sido citado como imputado para el 4 de julio, mientras que su mujer comparecerá al día siguiente.
Por el momento el juez no ha imputado a nadie más de la lista de 21 personas implicadas por la Fiscalía Anticorrupción, aunque se baraja que los siguientes en declarar podrían ser los abogados José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, ex edil socialista. Fuentes próximas al caso señalaron además que el juez podría no imputar a algunas de las 21 personas investigadas por la Policía y la Fiscalía.
