El diputado del PP en las Cortes y ex jefe de la Abogacía de la Generaltiat, José Marí Olano, aseguró ayer que la multa diaria de 250 euros durante cinco meses y 15 días -un total de 41.250 euros, unos siete millones de las antiguas pesetas- que Anticorrupción solicita para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el caso de los trajes de Gürtel -un procedimiento en el que la Fiscalía entiende que el jefe del Consell incurrió en un supuesto delito de cohecho continuado- "le condena al hambre". "Es elevadísima y un disparate", aseveró Marí que también es Abogado del Estado y secretario de Justicia en la dirección regional del PP.

Marí Olano, en rueda de prensa junto con la diputada Alicia de Miguel, declaró que "nunca había visto una petición superior a los 100 euros de multa y raramente superior a los 30". "Las sentencias suelen imponer 30 euros", remarcó el parlamentario del Partido Popular.

De este modo, recordó Marí Olano, el patrimonio del presidente Francisco Camps es de "público conocimiento" por lo que, en su opinión, llama la atención que la Fiscalía "pidiera una multa diaria que, sin más, le condena al hambre" porque es el "doble de sus ingresos netos diarios". Marí Olano apuntó que esta multa "se salta abiertamente la ley" y lo hace "a la torera" e incluso, podría llevar a "consecuencias disciplinarias internas" para los fiscales por "saltarse" la circular de la Fiscalía General del Estado que, según informaciones publicadas, establece que la propuesta de sanción se tiene que indicar después de evaluar lo que cobra y los bienes que posee a quien se busca sancionar. El parlamentario popular también aprovechó este asunto para mostrar el "respaldo explícito y expreso" del grupo a las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sobre la apertura de un debate sobre la independencia de la Justicia. "Hay razones para ello", aseveró.

Cargos del PP apuestan por abonar la sanción

Dirigentes del PP, algunos de ellos próximos al jefe del Consell, Francisco Camps, apuestan porque evite sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de cohecho impropio mediante un acuerdo de conformidad con las acusaciones en la llamada causa de los trajes abierta en el TSJ. Dicho de otro modo, estos responsables creen que Camps debería abonar la multa con el objetivo de poner fin a lo que consideran un calvario judicial que ha debilitado sobremanera al líder popular. J. r.valencia