El Juzgado número 1 de Ibi ha formalizado, tras cinco años de pesquisas, el levantamiento del secreto de la investigación de posibles comisiones irregulares en la obra del Teatro Río de Ibi, sin que por el momento se haya apreciado irregularidad alguna, según ha sabido este diario de fuentes cercanas al caso. En fechas próximas se decidirá si continúan las pesquisas o se archiva el caso, opción, esta última, que se considera la más probable.
Este asunto, como se recordará, configura una pieza separada del caso Ave, que investiga presuntas irregularidades en las contratas del Ayuntamiento de Ibi, durante la gestión de Miguel Ángel Agüera, y se originó a raíz de que el edil José Antonio Onsurbe -que fue cesado ipso facto- fuese grabado presuntamente pidiendo comisiones a un empresario local, a cambio de contratas. Onsurbe hablaba de «pelotazos» y «mojaditas» de Agüera y la alcaldesa Mayte Parra, especialmente en relación con el Teatro Río.
Esta obra fue otorgada por el Ayuntamiento a la empresa Intersa Levante por 3,9 millones de euros y acabó costando más de 9, lo que ha sido objeto de polémica constante en la villa juguetera. La investigación judicial, sin embargo, no ha constatado hasta el momento irregularidad alguna en las cuentas de las personas que pudieron estar involucradas, según ha podido saber este diario tras el levantamiento del secreto.
Además, no hay imputado alguno y el TSJ denegó de forma específica la de la exalcaldesa y actual diputada Mayte Parra, al no existir indicio alguno en su contra, como tampoco de Agüera ni de técnicos municipales. Hay que significar que el proceso ha requerido la investigación de las cuentas de los posibles implicados, que no ha revelado nada anormal, de acuerdo con las informaciones obtenidas.
Ahora, la continuidad pende de un hilo. Las fuentes consultadas han significado que en breve se determinará si se acomete algún otro fleco de investigación o si por el contrario se formaliza el archivo, lo que se considera lo más probable a tenor de la falta de indicios.
De esta forma, se liquidaría una de las piezas separadas del caso Ave, referida a una obra que había sido objeto de constantes críticas por parte de los grupos de la oposición, toda vez que su coste se duplicó con creces. De forma especial, el PSOE -personado en esta denuncia- puso sobre la mesa el coste de las butacas, denunciando que habían costado a 800 euros cada una cuando su precio de mercado era de 200.
Hay que significar, por último, que la empresa Intersa Levante figura en la lista de imputados del caso Ave, habiendo comparecido ya su representante legal.
