Francisco Camps se llevó los laureles y Ximo Puig los pagará, con intereses incluidos, salvo que un eventual recurso al Tribunal Supremo lo evite o aplace. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha condenado a la Generalitat a pagar 2 millones de euros al Ayuntamiento de Ibi, por los gastos de construcción, equipamiento y mantenimiento temporal del Palacio de Justicia. El consistorio, merced a un acuerdo suscrito en 2006, había adelantado la inversión para el complejo, que se construyó e inauguró por el expresidente Francisco Camps en enero de 2009. Desde entonces, el Ayuntamiento no había logrado recuperar un céntimo.
El Palacio de Justicia está operativo desde entonces, pero el consistorio nunca consiguió recuperar su dinero. Todo fueron convenios y promesas, incumplidas una tras otra. Al final, ahíto de anuncios sin contenido ni concreción, en septiembre de 2014 el gobierno municipal de Ibi ya bajo la batuta de Rafael Serralta decidió recurrir a los tribunales para conseguir cobrar lo incobrable, planteando una demanda ante el TSJ. Entre tanto, mantuvo contactos con la Generalitat de Fabra, en un intento de lograr una solución acordada, que nunca cuajó.
El proceso ha seguido su curso y ahora, a través de un sentencia, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ ha dado toda la razón al Ayuntamiento y ha condenado a la Conselleria de Justicia a pagar lo prometido. En concreto, valida la adenda a la propuesta que hizo el director general Juan Ángel González en marzo de 2012 y que nunca llegó a materializarse, referida a la concreción de los pagos en cuanto a fecha. La resolución decía que el Consell indemnizaría a Ibi con 2.003.016 euros a través de un alquiler con opción de compra durante ocho años, pero sin incluir la fecha de inicio, como denunciaría en su momento la oposición ibense.
El fallo condena a la conselleria a cumplir su compromiso, a través de 8 anualidades: la primera de 125.170 euros; de la segunda a la séptima, de 187.840, y la octava y última, de 563.055. Asimismo, contempla el abono de intereses desde el instante en que la sentencia sea notificada y obliga a la Generalitat a asumir los costes del proceso. En su razonamiento, el ponente, el magistrado Fernando Nieto -en una sala presidida por José Bellmont Mora- sostiene que la conselleria «no ha actuado conforme al convenio ni a la legislación vigente», una vez analizada toda la documentación aportada.
La portavoz del gobierno de Ibi, Amparo Pina, no ocultó ayer la satisfacción municipal. «Estamos muy contentos porque hemos peleado un montón por este tema, aunque la realidad es que nos habría gustado acabar esto por las buenas», manifestó. Hay que recordar, como adelantó ayer este diario, que esta misma semana otra sentencia, en este caso de un juzgado de lo contencioso de Alicante, ha eximido al consistorio de abonar 1,5 millones a una empresa por la contrata de basuras que no llegó a formalizarse. Ambas sentencias todavía pueden ser recurridas ante instancias superiores; la del Palacio de Justicia, ante el Tribunal Supremo.
